El exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía y actual diputado No Adscrito en las Cortes, Rafael Blasco, fue condenado ayer a ocho años de prisión por dirigir el desvío de ayudas en proyectos de cooperación, ya que, según la sentencia, con su intervención y sus órdenes a subordinados favoreció al cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, y evitó que llegaran a Nicaragua algo más de 1,5 millones de euros para trabajos de agua potable y canalizaciones. De esta forma, la mayoría del dinero se destinó a la compra de tres inmuebles y de un garaje en la ciudad de Valencia, así como a acondicionar los mismos hasta su «completo equipamiento», con la instalación de seguros, alarmas, red informática y rótulos, llegando a incluir hasta los elementos más básicos como pueden ser extintores, sellos de caucho, numeradores, tarjetas y pañuelos ‘tissues’.
Así de contundente se mostró el tribunal que juzgó a Blasco y a otros ocho acusados más por la pieza primera del caso Cooperación, en la que se han investigado presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Consejería a la Fundación Cyes, dirigida por Marcial López, en el año 2008.
El tribunal considera que Blasco, quien dirigió diferentes consejerías cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat Valenciana, cometió un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, por lo que le condena a ocho años de prisión y 20 de inhabilitación.
Pero el tribunal aclara en su sentencia que el exdirigente no actuó solo, y que tiene una responsabilidad similar Augusto César Tauroni, único en prisión por esta causa, por lo que le fija la misma pena, pero como cooperador necesario de un delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito de falsificación y de malversación.
Asimismo, el tribunal, quien describe los hechos como una «completa aberración», determina otras penas algo inferiores para la excúpula del departamento y otros dos empresarios.
Después de conocerse la sentencia, el exconsejero y exportavoz del PP en las Cortes valencianas y actualmente diputado No Adscrito decidió presentar «de manera inmediata» su dimisión como parlamentario en el Parlamento regional, aunque presentará un recurso ante el Tribunal Supremo, ya que considera que el fallo del tribunal es «profundamente injusto». Por ello, expresó su confianza en que «al final se demuestre su inocencia» de la cual está «absolutamente convencido».
Camps nunca desconfió
Por su parte, el expresidente de la Generalitat y diputado del PP Francisco Camps subrayó que nunca desconfió ni tuvo queja del que fuera consejero en varias carteras de su Gobierno y remarcó que cree «en la inocencia de todo el mundo».
El exjefe del Ejecutivo valenciano indicó que nunca ha valorado sentencias y que seguirá sin hacerlo y remarcó que son los afectados quien «lo harán de la forma en que lo tengan que hacer e imagino que será por escrito y ante la instancia que corresponda».
Mientras, los grupos de la oposición en las Cortes acusaron al PP de haber «amparado» y «protegido» al que fuera consejero. En este sentido, exigieron al jefe del Consejo, Alberto Fabra, que «limpie» la formación conservadora porque, con este fallo condenatorio, se demuestra que «esa línea roja no existe en el PP». Así se pronunciaron en los pasillos parlamentarios, tanto las diputadas de Compromís Mireia Mollà, y del PSPV Clara Tirado, denunciantes del caso Cooperación ante Fiscalía, como la dirigente de EUPV Marina Albiol.
Por su lado, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, señaló, respecto a la condena a Rafael Blasco que «las sentencias no se comentan, se acatan, y o se asumen o se recurren», pero que no se hacen valoraciones sobre ellas. «Yo no puedo decir nada sobre este asunto», recalcó.
