La exinterventora de Serranillos del Valle (Madrid) María del Prado de la Asunción Camacho describió ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco las “brutales presiones” y la situación de “acoso y derribo” que sufrían los técnicos del Ayuntamiento por parte del entonces alcalde Antonio Sánchez Fernández, del partido independiente UDMA, para efectuar pagos y tramitar facturas hacia empresas investigadas en la operación ‘Púnica’.
Así constaba en la declaración, a la que tuvo acceso Europa Press, que prestó la interventora municipal ante el instructor de la ‘Púnica’ en la que relató cómo la anterior secretaria estaba “todos los días a la greña” con el regidor, quien “presionaba” para beneficiar a las sociedades Cofely y Gestión de Padel Valcenter. “En ese Ayuntamiento estábamos todos presionados, llegamos al insulto por teléfono con el alcalde”, añadió en este sentido.
“Eran discusiones continuas con el alcalde, quiero decir que eran discusiones de casi llegar a las manos literalmente”, rememoró sobre la situación que encontró a su llegada al consistorio en agosto de 2012, cuando descubrió una “tremenda” falta de contabilidad, la abundancia de contratos menores y la no “regularización” de las adjudicaciones en servicios deportivos.
En este sentido, la funcionaria calificó como un “agujero negro” lo que esta materia suponía para las arcas del Ayuntamiento y sobre cuya gestión se ocupaba la empresa Gestión de Padel Valcenter sin haber firmado ningún contrato. “Yo decía que había que regularizar la situación, pero planteaban un pliego que provocaba un agujero más negro y el alcalde venía y me decía: ¿Qué quieres, que me quede sin que me reelijan en las próximas elecciones?”.
Ante su insistencia por regularizar la gestión en materia deportiva, el alcalde le facilitó unos pliegos “medio preparados por la empresa Madrid Sur”. “Yo decía cómo va a pagar el Ayuntamiento unos pliegos para la gestión del deporte donde tenemos que pagar nosotros la luz, el agua, el edificio y todos los servicios. ¿Y ellos qué ponen?”, expresaban atónitas las interventoras en este caso.
En otro punto de su comparecencia, la funcionaria relató cómo el regidor le insistió en que el Ayuntamiento tenía que “pagar como sea una factura”, de cerca de 6.600 euros, a esa empresa porque “estaba en quiebra” a lo que ella respondió que dicha sociedad estaba “abusando”, se encontraba en una “situación irregular” y además “se quedaba con el dinero de las tasas cobradas a los usuarios”.
