Ya han sobrepasado el centenar -en concreto son 108- los presos de la banda terrorista ETA que se han sumado a la huelga de hambre que inició Josu Uribetxebarria el pasado día 9 con el objetivo de que Instituciones Penitenciarias tramite su salida de prisión debido a la gravedad de la enfermedad que sufre y que le tiene ingresado desde hace semanas en un hospital del País Vasco. Con la adhesión a esta iniciativa el pasado domingo del dirigente abertzale Arnaldo Otegi, los terroristas han logrado que más ojos viren hacia ellos, si bien políticos de la mayoría de signos están de acuerdo en que se han de cumplir las leyes sin ceder a ningún tipo de «chantaje político».
Ana Pastor, ministra de Fomento, fue la encargada de poner voz al Gobierno ayer al garantizar que el Ejecutivo no va a admitir nunca amenazas de ETA, ni de los presos de la banda. En este sentido, la política popular dejó claro que el Gabinete está cumpliendo con la legislación vigente en relación con Uribetxeberria, a quien se está sometiendo a los exámenes médicos precisos para evaluar si sale o no de prisión.
«El Gobierno cumple con la Ley Penitenciaria, con el Código Penal y el Estado de Derecho no puede ser sometido nunca a coacción», advirtió Pastor.
En la misma línea se posicionó el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Leopodo Barreda, quien advirtió de que el Ministerio del Interior no va a aceptar las condiciones de los presos que responden a «instrucciones de la cúpula etarra».
Tras asegurar que una huelga de hambre «del afectado o de quienes pretenden ser solidarios con él, por instrucción de la cúpula del grupo armado», es un «chantaje político y no una reclamación de justicia», Barreda se mostró sorprendido de que «quienes decían que no estaban en la banda, como Otegi», ahora sigan «a pie juntillas su instrucción e inicie un proceso en solidaridad con un etarra».
La decisión de no ingerir alimentos fue iniciada la pasada semana por 13 internos de la cárcel de Sevilla II, pero durante el fin de semana se fueron sumando otros reclusos del entorno radical en los centros de Granada, Picassent, Alicante II, Castellón II, Herrera de la Mancha, Puerto II (Cádiz) y Navalcarnero (Madrid).
Optar por la vía de la democracia para fortalecer el Estado de Derecho a través del cumpliento de la ley es el camino por el que circulan las opiniones de los partidos de distintos signos. Así, el primero en hacer mención a este hecho, interrumpiendo sus vacaciones, fue el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien abogó por «cumplir con lo que dice la ley».
Los representantes de UPyD en el País Vasco fueron de los más críticos con este proyecto de los radicales. Así, el parlamentario regional Gorka Maneiro exigió al Gobierno «que no ceda frente al chantaje etarra ni medio milímetro, hagan huelga 33 presos o 300. Lo suyo no es sino propaganda política para seguir defendiendo los postulados totalitarios de ETA».
Para Maneiro, «la estrategia de guerra es la de la banda terrorista y los sádicos que vulneran los derechos humanos son sus miembros». Así, defendió que «no pueden dar a los demócratas ni media lección, puesto que su presente es tan tenebroso como su pasado».
