Los cambios en la jubilación parcial y anticipada aprobados por el Gobierno el pasado 15 de marzo supondrán un ahorro anual de 4.857,7 millones de euros una vez pase el período transitorio, según estima el Ejecutivo, que cifra en 870,8 millones la reducción del gasto cada año hasta la entrada en vigor definitiva de dichas medidas.
Así consta en la Memoria de Impacto Normativo del decreto ley de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, aprobado por el Consejo de Ministros hace tres semanas y que fue convalidado hace unos días en el Pleno del Congreso.
El documento toma como punto de partida para hacer las estimaciones el dato de retiros anticipados registrados el año pasado, que ascendieron a 127.358, el 42,22% del total de jubilaciones dadas de alta en la Seguridad Social. «En el Régimen General, la anticipada ha sido más frecuente que la de la edad legal», advirtió el Ejecutivo.
Aunque el Gabinete popular reconoce que la Ley 27/2011 aprobada por el anterior Ejecutivo socialista ya supuso «una penalización» en el acceso a la jubilación adelantada, este hecho «sigue suponiendo un coste para la Seguridad Social», por lo que son necesarias medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema. Por ello, se decidió elevar a 35 años el período mínimo de cotización para acceder a la jubilación voluntaria, que no será posible hasta al menos los 63 años y un mes que se irán incrementando progresivamente hasta alcanzar los 65 años en 2027. Los coeficientes reductores en función del tiempo de cotización y el período hasta la edad legal del retiro laboral en este supuesto irán del 8% al 6,5%.
Estos cambios supondrán una reducción en las nuevas altas del 14,93% entre quienes no se jubilarán por la necesidad de cotizar más años o por no haber alcanzado la edad permitida, lo que sumado a los cambios en los coeficientes correctores permitirá ahorrar 21,72 millones de euros anuales. De forma acumulada, cuando la medida esté implantada completamente, este ahorro llegará a los 374,37 millones con respecto al que ya se preveía en la Ley.
El decreto ley también recoge una batería de medidas para incentivar el envejecimiento activo mediante la compatibilización del trabajo con el cobro de una pensión de jubilación ordinaria o demorada, que ahora disfrutan unas 40.000 personas. En concreto, se exigirá haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, aunque quedan excluidos aquellos que tengan derecho a la pensión completa.
Quienes opten por esta modalidad cobrarán el 50% de la cuantía que le corresponda -importe de reconocimiento inicial y de las revalorizaciones sin incluir complementos a mínimos-. Una vez que el contrato acabe y el trabajador decida jubilarse de modo definitivo percibirá el 100% más el complemento al que tuviera derecho.
‘Cuota de solidaridad’.- Las nuevas medidas del Gobierno prevén que, en el caso de la cotización, empresa y trabajador-pensionista abonaránsolo por Incapacidad Temporal (IT) y contingencias profesionales, si bien aportarán una cuota de solidaridad al sistema, no computable para prestaciones, del 8%, de la que el 6% correrá a cargo de la empresa y el 2%, del pensionista activo.
Con todos estos cambios, el Ejecutivo espera conseguir entre 2013 y 2016 un ahorro que va de 3.145,18 millones de euros en el escenario más conservador (que se acoja a esta posibilidad un 10% de quienes cumplen los requisitos) hasta 6.172,8 millones de euros en el más optimista (que se acojan la mitad de los posibles beneficiarios).
«A medio plazo, los resultados son positivos para el sistema. Ahora bien, hay que señalar que la virtualidad de estos datos está sustentada en que una parte de los actuales pensionistas», reconoce el Ministerio.
