El actual subsecretario de Presidencia y exsecretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, participó en la reunión en la que se pactaron, con representantes de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), compensaciones indebidas de 40 millones de euros destapadas en la operación ‘Frontino’.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco desveló el miércoles los pagos irregulares en un auto en el que aseguraba que la empresa adjudicataria, implicada en la trama que tenía como epicentro la sociedad pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), pactó con “altos cargos” del Ministerio esta retribución ilegal.
Varios denunciantes anónimos, trabajadores del organismo dependiente de Agricultura, apuntaron en distintas declaraciones judiciales sus sospechas sobre el papel que Ramos desempeñó en aquella negociación ahora investigada. Cabe recordar que en aquel momento presidía el Consejo de Administración de Acuamed.
En el auto con el que envió a prisión a cinco personas, entre ellas al director general de Acuamed, Arcadio Mateo, Velasco precisaba que la compensación irregular quedó reflejada en los presupuestos generales del Estado de 2015. También se consignó una cantidad total de 26 millones en los presupuestos de 2016. Las fuentes consultadas aseguran que el monto de las últimas cuentas fue inferior debido a la reducción de la partida del departamento ministerial.
El pago irregular arranca con una inundación en la desaladora del bajo Almanzora (Almería), adjudicataria de Abengoa y de FCC. Acuamed no exigió que FCC cubriera los desperfectos, como debería haber hecho dado que existía un seguro a todo riesgo contratado en previsión de posibles daños.
A cambio cerró un acuerdo por el que Acuamed se comprometía a abonar ella misma un 40 por ciento y reclamar a las adjudicatarias el pago del 60, prometiendo que le sería compensado a través de la concesión de otras obras.
El proyecto elegido para ultimar el plan fue la descontaminación del pantano de Flix, que sirvió para ejecutar la compensación fraudulenta. De una facturación de 3,5 millones se pasó a “diseñar” pagos de 40 millones ficticios, que se intentaron justificar mediante la certificación de obra no ejecutada.
Son varias las organizaciones medioambientales que han reclamado a la ministra de Agricultura, García Tejerina, que se “llegue hasta el final” en la causa contra el posible fraude, así como que desde la Administración Pública se de lleve a cabo una acción “ejemplarizante”.
