¿Quién tiene las llaves del Hospital Policlínico? Desde que se cerrarán sus puertas en 2008, se han mantenido abiertos los interrogantes sobre qué administración es responsable del estado, uso, seguridad y destino del inmueble que a lo largo de 60 años fue hospital, y la incógnita se ha extendido hasta la última sesión de pleno municipal celebrada el pasado día 30 de julio.
Sin embargo, los trámites administrativos ejecutados en los últimos meses han reducido el margen de duda tan solo al futuro del también conocido como ‘Dieciocho de julio”. El presente es que el edificio ha perdido su destino sanitario y su posesión y uso han sido devueltos por parte de la Junta de Castilla y León al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, según ha podido saber esta redacción con informes de la Delegación Territorial de la Administración regional, la Subdelegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Segovia. “La situación de hecho ya es de derecho” ha sentenciado el delegado territorial, Javier López-Escolar.
El pasado día 12 de noviembre de 2013, el presidente de la Gerencia Regional de Salud, que es el mismo consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, dictaba una resolución en la que se acuerda “la desafectación de servicio público sanitario del inmueble del Hospital Policlínico”. Según este documento, la Administración regional, que recibió el uso de Policlínico como parte del Complejo Hospitalario de Segovia con el traspaso de competencias en materia sanitaria en 2002, entiende que ya no es necesario para esta finalidad. De hecho, el máximo responsable de salud asegura que actualmente tiene un estado defectuoso para prestar la asistencia sanitaria y que desde la Junta no se contempla su utilización ni para Atención Primaria ni para Especializada. Además, la Administración regional argumenta que desde enero de 2013 “no contiene ni bienes muebles ni documentos en sus dependencias”.
El siguiente paso de este procedimiento administrativo se hizo efectivo en día 13 de febrero de 2014 cuando se devolvió la posesión y uso del edificio de la calle San Agustín número 13 por parte de la Junta de Castilla y León al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que siempre ha tenido su titularidad como parte del Patrimonio Sindical Acumulado. La devolución quedó sellada en un documento de entrega y recepción que se intercambiaron representantes de ambas administraciones y lleva los nombres de Carlos Sanz Moreno, gerente del área de salud de Segovia, y de Pilar Sanz, subdelegada del Gobierno en Segovia.
El secretario territorial de la Delegación de la Junta en Segovia, César Gómez Martín, aseguraba esta misma semana, después del debate municipal, que la “Junta no tiene ninguna obligación respecto al inmueble que ha sido recuperado por la Administración central”, haciendo referencia a cuestiones sobre su seguridad, mantenimiento y utilización. La última vinculación que se ha mantenido está relacionada con el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El devengo del IBI del presente ejercicio recae sobre la Administración regional sanitaria porque se aplica al poseedor del inmueble a fecha de 1 de enero de 2014, cuando aún no se había hecho el traspaso, tal y como han confirmado fuentes de la Junta y del Ayuntamiento de Segovia.
Impuestos y futuro
De hecho el concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Reguera García, precisa que el IBI de 2014 del Policlínico asciende a 11.592,89 euros y quien lo paga es la Gerencia de Atención Especializada de Sacyl en Segovia, como ha ocurrido en los años anteriores. En todo caso, Reguera ha confirmado que el Ayuntamiento recibió el pasado 28 de febrero una solicitud de “desclasificación” de este inmueble acorde con los cambios derivados de la recuperación por parte del Estado de edificio abrió sus puertas en 1946.
El representante municipal ha recordado que Plan Especial de las Áreas Históricas (PEAHIS), en proceso de tramitación, contempla que el inmueble situado entre la calle San Agustín y Donantes de Sangre tenga un uso “preferentemente sanitario” dejando abierta la posibilidad de destinarse a otros fines de carácter público y de equipamiento.
Por su parte, la subdelegada del Gobierno no ha esclarecido los pasos que la Administración central dará con este bien que, según ha remarcado Pilar Sanz, “está muy deteriorado y requiere una fuerte inversión si se quiere poner en funcionamiento”.
