El último informe anual del Defensor del Pueblo, correspondiente a 2008, que el titular de la institución, Enrique Múgica, presentó ante la Comisión Mixta de Congreso y Senado el pasado mes de junio, informa de que el número de expedientes de queja iniciados por asuntos relacionados con la provincia de Segovia ascendió a 73, quince más que el año anterior, lo que supone casi un 5% del total de quedas recibidas de Castilla y León.
Entre esas quejas, el informe se hace eco extensamente de la realizada por un ciudadano que presentó una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Montejo de Arévalo y que la misma no había sido remitida a la autoridad judicial hasta un mes y medio después.
La Guardia Civil justificó esa tardanza en que tuvieron que realizarse diversas gestiones para la completa instrucción de las diligencias, al no disponerse de los datos del conductor contrario, ya que se trataba de una cuestión de tráfico. El Defensor del Pueblo considera “que no parecía que la actuación del agente de la Guardia Civil que recibió la denuncia … se adecuara a la necesaria diligencia debida en estos casos”, al entender que, entre sus funciones, se encuentra “la inmediata tramitación” de las denuncias ante la autoridad judicial.
“No se alcanza a entender por qué se dejó transcurrir más de mes y medio en remitir la denuncia al Juzgado competente, aun cuando debieran practicarse diligencias determinadas”, señala el informe de la institución, porque la ley establece un plazo de 24 horas para realizar ese trámite y el incumplimiento del mismo puede sancionarse como infracción disciplinaria.
Recalca también el informe que la falta de remisión de la denuncia a la autoridad judicial tuvo como consecuencia que el Juzgado de Santa María la Real de Nieva decretara el archivo de las diligencias por falta de denuncia. Por ello, el Defensor del Pueblo estima que la conducta del agente “no podía quedar impune… pues a todas luces había existido una clara negligencia”. Sin embargo, en este caso concreto ya no fue posible una sanción disciplinaria porque la falta había prescrito. No obstante, “al objeto de que en el futuro no se reprodujeran nuevamente este tipo de conductas o negligencias en la tramitación de denuncias”, la institución recomendó a la Secretaría de Estado de Seguridad que diera instrucciones a toda la organización periférica de la Guardia Civil para evitar la tardanza en la remisión de denuncias. En su informe señala que la recomendación fue aceptada, “si bien circunscrita al puesto de la Guardia Civil en el que se había detectado la disfunción”.
Otra queja la remitió una vecina de Armuña que indicó que en este municipio segoviano “era imposible hacer uso de los teléfonos móviles al carecerse totalmente de cobertura”. En el momento de la conclusión del informe de 2008 el Defensor del Pueblo se encontraba a la espera de que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información se pronunciara sobre la imposibilidad de este servicio.
En lo relativo a los servicios municipales, el informe del año 2008 del Defensor del Pueblo recoge, entre otros, una queja de una familia de Abades por el mal estado de una calle, sin asfaltado y aceras, con los consiguientes problemas que acarreaba a la denunciante, con un hijo de nueve años obligado a utilizar una silla de ruedas para desplazarse. El Ayuntamiento reconoció la realidad de lo denunciado pero alegó escasos recursos económicos disponibles, aunque anunció a la institución que, no obstante, lo tendría en cuenta de cara a la planificación de obras futuras.
Un caso similar contenía otra queja de vecinos de Espirdo, por el mal estado de una calle, intransitable con el cochecito de un bebé. En este caso el Ayuntamiento sí solucionó el problema.
Por otro lado, al igual que hiciera en 2007, el Defensor del Pueblo incluyó el Centro Penitenciario de Perogordo, en Segovia, en su programa de visitas anuales, junto a otras doce instituciones penitenciarias.
En cuanto a las instituciones entorpecedoras de su función, el informe incluye al Ayuntamiento de Cedillo de la Torre, porque fue necesario requerir a sus responsables en tres ocasiones para que remitieran determinada información.
