Llegan documentos a la Fiscalía General del Estado. Llegan informes, biografías, certificados y datos sobre las personas que están detrás de Sortu, la nueva formación política que tiene su origen en Batasuna, como sus fundadores no tuvieron reparo en visualizar durante el acto de presentación. Fue el pasado martes en el Palacio Eskalduna de Bilbao, con Rufi Etxebarria -que formó parte de ETA- como cabeza más representativa; el abogado habitual de etarras Íñigo Iruin llevando la voz cantante; y la plana mayor de la Mesa Nacional de Batasuna entre el público para expresar su apoyo público al nuevo partido.
Iruin, inteligente y muy preparado profesional, experto en asuntos constitucionales, había advertido de que nadie debía responder preguntas ni dar información sobre Sortu, ya que estaba en riesgo su posible legalización. Rufino Etxebarria resistió la tentación ese día, pero no el siguiente, y realizó unas declaraciones a una radio nacional que, evidentemente, tiene ya la Fiscalía, porque indican claramente, sin tapujos, que el nuevo grupo político defiende los mismos planteamientos que Batasuna, no condena el terrorismo y no está dispuesta a desvincularse de ETA.
El camino a recorrer por los abertzales persiguiendo su legalización tiene los pasos, y los plazos, muy definidos.
Dos días después de la presentación oficial del partido, sus promotores acudieron al registro del Ministerio de Interior con los estatutos y documentos necesarios para solicitar su inscripción. Allí les pusieron los sellos correspondientes que acreditaban que se habían presentado los papeles, sin que eso presuponga que Sortu queda inscrito como partido, sino que se abre un plazo de 20 días para tomar una decisión.
Si Interior no se mueve, no toma ninguna iniciativa, no hace nada en ese plazo de tiempo, la solicitud deviene firme y automáticamente Sortu queda inscrito como partido legal. Por el contrario, si en esos 20 días, como parece que ocurrirá, la cartera de Rubalcaba recopila información sobre el partido y la envía a la Fiscalía General del Estado, al cabo de ese tiempo la decisión queda en manos de ese organismo, que cuenta con otros 20 días de plazo para pronunciarse. Nos encontramos, por tanto, en la primera fase del proceso, pues desde que se presentó la solicitud en el registro, el Ministerio de Interior ha empezado a enviar informes.
La Fiscalía -y en algunas ocasiones la Abogacía General del Estado- es la única autorizada para dirigirse al Supremo, que es quien debe resolver a través de su Sala Especial del Artículo 61, que es la que conoce de los procesos de ilegalización de partidos políticos. Fue precisamente ese departamento el que en 2003 dio la razón al Gobierno de entonces cuando inició la tramitación de ilegalización de Batasuna. En su sentencia dictaminó la prohibición de ese partido «y sus sucesores»; por eso ahora lo que debe demostrar con los informes pertinentes, es que Sortu es el partido sucesor de Batasuna, que es precisamente hacia donde se dirigen las investigaciones de la Policía y la Guardia Civi. Es el asunto que más preocupa a Iruin, pues si ha medido muy bien el texto que recoge los estatutos del partido, no ha logrado que los miembros de Batasuna se mantengan ajenos al nacimiento de Sortu. ¿Cómo es posible que hayan cometido ese error que da argumentos sobrados a quienes no están por la legalización? Pues, como explica un experto en cuestiones relacionadas con ETA y Batasuna, «les pierden dos cosas: la chulería y la necesidad de enviar un mensaje a sus seguidores, que se visualice que siguen en el machito, que son ellos los que tratan de meter un gol al Gobierno».
eta necesita presencia. Independientemente del papel jugado por Batasuna, de las intenciones de ETA, del discurso de Iruin al presentar el nuevo partido -intervención «magistral», según un profesional- y de la carga política de esta polémica que debería ser solo judicial, lo que todo el mundo se pregunta es si Sortu podrá concurrir a las elecciones del 22 de mayo, que aparentemente es el objetivo de sus promotores. Y hay que insistir en lo de aparentemente, porque en este intento de legalización existe una trastienda. Trastienda política. Y no en el Gobierno, en el PNV o en la facción Eguiguren del PSE, que se han declarado partidarios de la legalización, sino en la propia ETA y en los responsables de Batasuna.
El 18 de abril acaba el plazo para presentación de candidaturas a las elecciones autonómicas y municipales. El Ministerio de Interior dispone de 20 días para enviar informes a la Fiscalía, que dispone de 20 días más para enviar sus informes al Supremo. Ningún abogado que se marque un objetivo deja correr los plazos hasta el punto de dejar solo tres o cuatro semanas de tiempo al Alto Tribunal para dictar sentencia, sobre todo cuando ha dispuesto de tres años para iniciar el procedimiento. Es decir, que podría sospecharse que Batasuna, consciente de que es difícil que un partido afín sea legalizado, podría estar jugando la carta del victimismo. Si la falta de sentencia le impide estar en las elecciones del 22 de mayo, con toda seguridad se sentiría más fuerte ante su clientela para acusar al Ejecutivo central de cerrarle las puertas que si hubiera una sentencia negativa con argumentos sólidos que la justifiquen. Eso explicaría la desfachatez de los dirigentes abertzales al avalar con su presencia al nuevo partido, demostrando así sin ninguna duda que se trata de un partido sucesor, lo que deja el camino fácil a la Sala que deba pronunciarse sobre la legalización.
Porque es evidente que a ETA le importa por encima de todo estar en las instituciones, para recaudar fondos y para tener más voz. Pero no es una locura deducir que, segura de que no va a conseguir que se legalice un partido afín, ha decidido nuevamente la vía de la confrontación con lo que ellos llaman «El estado español» para tratar de justificar, ante los suyos, que solo pueden alcanzar sus objetivos políticos a través de la violencia y el terrorismo.
