El Tribunal Constitucional continúa perdido en ese laberinto más político que jurídico en que se ha convertido el recurso sobre el Estatut catalán y ayer, un día más, prolongó el espectáculo de indefinición y falta de credibilidad al retrasar nuevamente su decisión acerca de la adecuación a la Carta Magna de la norma catalana. Con la sensación de que sus señorías tienen órdenes estrictas de marear la perdiz tanto como sea posible, de modo que las elecciones autonómicas se celebren sin estar mediatizadas por una resolución que será polémica en todo caso, el Pleno de la máxima instancia judicial española decidió que será hoy cuando, a partir de las 10,30 horas, vuelva a reunirse para proseguir con un debate que ya dura años.
En teoría, los jueces deberían discutir en base a la última ponencia de sentencia, que ha sido elaborada por la presidenta del organismo, la pro socialista María Emilia Casas, que, al menos en principio, solo cuenta con los insuficientes apoyos del bloque progresista.
No obstante, en esa carrera de obstáculos en que se ha convertido el camino hacia la sentencia, el Constitucional deberá resolver primero los recursos interpuestos por la Generalitat y el Parlament, que ponen en duda la propia competencia del tribunal para enjuiciar el Estatut y que discuten la negativa a reintegrar en las deliberaciones al magistrado recusado Pablo Pérez-Tremps -que quedó fuera del debate por haber realizado labores de asesoramiento para la redacción de los preceptos de la norma catalana relativos a las relaciones de la Generalitat con la UE-.
Con toda probabilidad, ambas pretensiones serán rechazas, pero lo cierto es que su mera toma en consideración amenaza con ocupar toda la sesión de hoy y, de paso, evitar que se aborde, por enésima vez, el fondo de la cuestión.
No obstante, en caso de que el pundonor de los jueces se imponga a las consignas políticas y decidan que es necesario dictar alguna sentencia, aunque solo sea para salvar su prestigio profesional, lo más probable es que, a diferencia de las ocasiones anteriores, no se vote el texto en su conjunto, sino que, a fin de avanzar algo en la resolución, el articulado se vote de manera fraccionada, es decir, disposición por disposición.
Ello permitiría disimular en alguna medida el insalvable bloqueo generado por la irreconciliable división del Constitucional en dos bando, uno afín al PP y otro proclive a seguir las directrices de los socialistas, partidarios de salvar por completo el texto autonómico.
De hecho, la votación del borrador en conjunto estaría destinada a un nuevo fracaso puesto que, según fuentes del tribunal, el documento elaborado por Casas asume con muy escasas modificaciones las mismas tesis del texto que redactó en su día la progresista Elisa Pérez Vera y que fue rechazado por respetar la inclusión del término nación en el Preámbulo, así como los preceptos referidos al uso de la lengua catalana y la bilateralidad de las relaciones entre la Comunidad y el Estado.
Así, para evitar un nuevo ridículo, la presidenta del Tribunal se muestra dispuesta a someter su texto a una votación por bloques, una estrategia a la que, en principio y quizá porque solamente supondría dilatar aún más el pronunciamiento definitivo, ninguno de los jueces se opone.
Por supuesto, tal fórmula apenas servirá para presentar a la opinión pública la ficción de que los magistrados están cumpliendo con su deber, puesto que dejará fuera los preceptos más conflictivos, cuyo debate quedaría nuevamente aplazado sine die.
