El Tribunal Constitucional (TC) rechazó ayer la suspensión cautelar de la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Según informó el alto tribunal en una nota de prensa, la petición del PP de ordenar la suspensión de la aplicación de la ley hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad fue rechazada en un auto, aunque la decisión del TC cuenta con los votos particulares de cuatro magistrados. Los cuatro jueces son el progresista Eugeni Gay y los conservadores Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas.
La resolución íntegra del TC será notificada en los próximos días, según el comunicado. La decisión se produce después de que admitiera a trámite el 30 de junio los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Partido Popular y por el Gobierno de Navarra contra la nueva regulación del aborto, que entró en vigor el pasado 5 de julio. Ese mismo día también acordó dar un plazo de tres días al Congreso, Senado y al Gobierno, para que alegaran acerca de la suspensión cautelar de la norma planteada por el PP en su recurso de inconstitucionalidad.
Así, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, solicitó al alto tribunal que rechazara la petición del PP porque no hay previsión legal alguna que permita la suspensión de una norma con rango de ley aprobada por las Cortes Generales.
Los servicios jurídicos del Estado en su escrito de alegaciones recordaron que los poderes de suspensión que tiene el Tribunal Constitucional «están tasados» y que no pueden extenderse a los actos o normas emanados del Parlamento, que gozan de «presunción de legitimidad».
Según la Abogacía, la legitimación que la Constitución atribuye a los diputados para interponer el recurso de inconstitucionalidad «queda disociada de los derechos o intereses afectados por la Ley impugnada».
Asimismo, los servicios jurídicos señalaron que la nueva normativa del aborto es plenamente constitucional, ya que «no introduce ex novo en nuestro ordenamiento jurídico las condiciones en las que es posible la interrupción voluntaria del embarazo, sino que se dirige a modificar dicho régimen jurídico a la luz de la experiencia acumulada en la aplicación del marco legal vigente».
‘Rebelión’ regional.
Tras la entrada en vigor de la ley, las comunidades de Navarra y Murcia, ésta gobernada por los populares, mostraron sus resistencias a aplicarla, aunque en este último caso, la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó al presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, que «la ley es aplicable», puesto que había entrado en vigor.
Por su parte, el Gobierno valenciano acordó que, con carácter previo a la prestación del consentimiento a la interrupción del embarazo, se informaría a la mujer de «la trascendencia ética de la decisión de abortar», con «comunicación visual» tanto del proceso de interrupción del embarazo como del de «formación de la vida».
El 3 de julio, dos días antes de la entrada en vigor de la nueva regulación del aborto, unas 600 personas, según la estimación de fuentes de la Policía, y 15.000 a tenor de los cálculos de la organización, se congregaron ante el edificio del Tribunal Constitucional, convocados por la Federación Española de Asociaciones Provida, para protestar por la nueva normativa y pedir que el texto se declarara inconstitucional.
La intervención de Alicia La Torre, presidenta de dicha Federación, comenzó con una frase pronunciada por el fiscal Harvey Dent en la película Batman. «El momento más oscuro de la noche es el que está antes del amanecer», dijo la activista provida a modo de alegato esperanzado.
