El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la mayoría de la oposición contra la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de julio, y ha dado quince días al Congreso, el Senado y el Gobierno, así como al Gobierno y las Cortes valencianos, para presentar alegaciones si lo consideran oportuno, ha informado el alto tribunal.
El PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai, recurrieron a finales de mayo la norma, que califican como ‘ley mordaza’ y que fue aprobada de forma definitiva el día 26 por el Congreso de los Diputados. La ley incluye las conocidas como ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes, que en el texto se definen como ‘rechazos en frontera’.
Desencuentros
La oposición no quedó satisfecha con el profundo cambio que sufrió durante el trámite parlamentario y que provocó que desaparecieran del articulado o se rebajaran las sanciones más polémicas. Por ejemplo, concentrarse sin autorización frente al Congreso de los Diputados pasó de estar multado con 600.000 euros a con 30.000 y sólo si existe “perturbación grave de la seguridad”. También se eliminó la multa por “ultrajes a España”.
Artículos vulnerados
El recurso presentado considera que la norma vulnera hasta 12 artículos de la Constitución, entre ellos los que regulan la tutela judicial efectiva, manifestación, reunión y expresión. La ley regula como sanciones administrativas una serie de conductas que, en su mayoría antes eran faltas incluidas en el Código Penal.
Así, sanciona a quien cause desórdenes en la calle o la obstaculice con barricadas y para aquellos que se nieguen a identificarse. Se multará a aquellos que emitan o publique fotos de los agentes de policía que “pongan en peligro su seguridad personal o familiar”. Las mayores multas, de entre 30.000 y 600.000 euros son para quienes se manifiesten ante “infraestructuras críticas”.
Desde los primeros pasos de la Ley de Seguridad Ciudadana, Gobierno y oposición en bloque han mantenido un desencuentro constante sobre la regulación de dicha ley.
