La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, subrayó ayer que el consenso administrativo y social sellado en Valladolid propiciará el acceso a la vivienda de 30.000 familias con menos recursos en Castilla y León, después del «ejemplar y pionero» acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Junta que dará salida al excedente actual de la Comunidad, con la conversión en VPO de ese mismo número de viviendas libres.
Igualmente, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, precisó que se trata de un acuerdo «muy importante» por lo que instó a las administraciones y organizaciones sociales y económicas integradas en el convenio a ponerlo «inmediatamente» en práctica al servicio de la Comunidad «como buen ejemplo de España al servicio de un sector que pasa un momento complicado y al de las familias más necesitadas».
Corredor explicó que el acuerdo desarrolla el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y las iniciativas adoptadas por la Junta y reúne a todos los actores del sector inmobiliario para «trasladar a los ciudadanos castellanos y leoneses un compromiso conjunto para facilitar la salida al mercado de este stock y para poner más viviendas accesibles a disposición de las familias en condiciones óptimas de precio y financiación».
Entre los antecedentes de este acuerdo, la ministra mencionó las medidas aprobadas en 2008 y ampliadas y prorrogadas para 2010. Entre ellas destacó que se ha extendido a más hogares, todos aquellos con rentas familiares de hasta 50.600 euros anuales, la ayuda para pagar la entrada de una vivienda protegida o la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica pueda convertir una vivienda libre que no logra vender en protegida.
La titular del departamento de Vivienda añadió que el objetivo es ayudar a la reactivación del sector de la construcción, «que seguirá teniendo un peso importante en la economía española, pero sin la desproporción del pasado», precisamente para que no vuelva a suceder lo que hoy ambos gobiernos intentan reconducir, como es el excedente de viviendas.
En este sentido, abogó por una «auténtica» reconversión del sector inmobiliario residencial, en la que «la rehabilitación es el eje». «Supone el paso de la construcción extensiva de viviendas nuevas a la recuperación intensiva de lo ya edificado. Y permitirá que miles de trabajadores puedan incorporarse a una actividad más especializada, con mayor valor añadido, que contribuya a incrementar su productividad», dijo.
Construcción sostenible
Corredor, quien comenzó su intervención con una cita irónica al Día Internacional de la Mujer, al dar la bienvenida «a todas las señoras pocas y señores muchos», indicó que las empresas de la construcción residencial, incluidos los fabricantes de materiales y empresas auxiliares y subcontratistas, que suponen el 73 por ciento del empleo del sector, «tienen en la vivienda protegida, en compra o alquiler, y en la rehabilitación, un campo inmenso de actividad». En ese sentido, dijo que hablar de economía sostenible en la construcción es hacerlo de mejorar las viviendas ya existentes para convertirlas en «más cómodas y más eficientes».
Como ejemplo citó el ahorro en la factura de la luz y en calefacción, mejorar la calidad de vida mediante el cambio de las ventanas que dejan escapar el calor, sustituir la bañera por una ducha, etc.
Ley de Vivienda
Por otra parte, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sostuvo que la nueva Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León, que será presentada en las próximas semanas en las Cortes autonómicas, establecerá «de forma ordenada y transparente» las condiciones necesarias «para estimular y no coartar», la promoción de viviendas en general, y en particular de VPO. Indicó que la norma responde a una planificación más ajustada a la demanda real y perseguirá la racionalización del crecimiento residencial, de forma «que se haga compatible el ejercicio del derecho a una vivienda digna con un uso más sostenible y con más futuro del conjunto del suelo».
El jefe del Ejecutivo autonómico calificó de «ejemplar» esta medida de consenso, si bien consideró que para que este ‘stock’ no vuelva a generarse son necesarias iniciativas de carácter estructural frente a las transitorias.
Asimismo, rechazó que este acuerdo se pueda entender en «términos de negocio, sino de oportunidades para un sector económico vital para Castilla y León y para su futuro, que está sufriendo con la crisis». Desde el punto de vista social, «dará respuesta a familias y personas».
Por todo ello, el jefe del Ejecutivo autonómico destacó el consenso en políticas activas que “favorecen» al sector y a los ciudadanos y añadió que se trata del «modelo a seguir, aunque con los márgenes presupuestarios existentes, con sumisión a las políticas de endeudamiento y por tanto de limitación del déficit y gasto público».
Finalmente, Herrera recordó que en Castilla y León durante el año 2009 se registró un récord de licitación de obra que se materializará en los próximos 2010 y 2011.
