El Consejo Consultivo de Castilla y León cumplió ayer una década de actividad en la que ha aprobado casi 11.500 dictámenes (11.447) consolidándose como una «institución útil y necesaria» para la autonomía, como superior órgano consultivo de la Junta y de la Administración de la Comunidad.
Durante sus diez años, el Consejo ha aprobado 10.168 dictámenes sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial; 413 sobre revisiones de oficio de actos administrativos; 225 sobre reglamentos ejecutivos; 221 sobre contratación administrativa; 152 sobre recursos administrativos; y 107 sobre anteproyectos de ley. Asimismo, ha emitido 48 sobre modificaciones de planes urbanísticos; 38 sobre régimen local; 27 sobre convenios y acuerdos de cooperación; 16 sobre consultas facultativas; 12 sobre recursos de inconstitucionalidad; once sobre transacciones y sometimientos de arbitraje; cinco sobre proyectos de legislación delegada; y cuatro sobre concesiones administrativas. Por provincias, ha aprobado 3.041 dictámenes de León; 1.607 de Burgos; 1.445 de Salamanca; 1.379 de Palencia; 1.099 de Valladolid; 981 de Zamora, 582 de Soria; 542 de Segovia; 326 de Ávila; a los que hay que sumar otros 445 de otros.
Fuentes de esta institución destacaron que la labor diaria del Consejo contribuye a que las administraciones tomen «las mejores decisiones posibles». En un marcado afán de servicio público, lo que persigue es «lograr el acierto del gobernante en su quehacer diario, el respeto debido a las reglas básicas de la buena técnica jurídica y, no menos importante, la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. En definitiva, es una garantía de legalidad, de los derechos de los particulares y sirve al interés general», sentencian.
A pesar de ser en la actualidad el Consejo de composición más reducida de entre los existentes en el país, es, proporcionalmente, el primero en cuanto a actividad y además ha ido asumiendo nuevas competencias. En estos diez años, la institución ha aprobado 332 dictámenes de carácter jurídico-normativo (107 sobre anteproyectos de ley y 225 sobre reglamentos ejecutivos), «contribuyendo de una manera callada pero eficaz a la mejora de las normas». Además, desde 2010 ha intervenido en supuestos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones por importe de 140 millones.
Aunque creado por la Ley 1/2002, de 9 de abril, el nombramiento y toma de posesión de sus miembros no se produjo hasta el 2003, quedando efectivamente constituido el día 5 de mayo. Desde ese momento comenzó a correr el plazo de seis meses previsto en la citada ley para elaborar el Reglamento Orgánico del Consejo. Por ello, prácticamente desde entonces, el Pleno de la institución inició los trabajos preparativos del mencionado Reglamento, que culminaron con la reunión del 3 de septiembre de aquel año.
El Reglamento fijaba ya la sede oficial del Consejo en Zamora, elevando a nivel normativo un compromiso de carácter político. En tanto se dispuso de sede en la ciudad del Duero, las dependencias estuvieron en Valladolid.
Durante 2003 tomaron posesión de sus cargos los primeros miembros del Consejo, quedando configurado, a partir de los plenos celebrados el 5 de mayo -en que se eligió a su presidenta- y 12 de junio -se nombra al secretario general- por María José Salgueiro (presidenta); Manuel Estella, Javier Fernández Costales, José C. Nalda, Antonio P. Solano y Jesús Quijano, así como por Jesús Besteiro como secretario general.
En el año 2006, tras la formalización de un contrato de arrendamiento en Zamora y las necesarias obras de adaptación, se inició la actividad con total normalidad en Zamora.
Fue concretamente el 17 de julio cuando arrancó la actividad en su nueva sede de la calle Ramos Carrión. Un año después, tras la renuncia de María José Salgueiro como consejera, asumió la presidencia en funciones Manuel Estella. El 25 de octubre de 2007 en el Pleno del Consejo fue elegido presidente Mario Amilivia, quien tomó posesión el 7 de noviembre en el transcurso de un acto celebrado en la antigua iglesia de La Encarnación ante el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
En 2009 se cumplió el primer mandato de seis años de la institución, periodo en el que fue consolidándose en su difícil papel de sustituir al Consejo de Estado en el ámbito de la Comunidad. Posteriormente, la Ley 5/2011 redujo de cinco a tres el número de consejeros electivos e introdujo limitaciones en el mandato de los natos. Desde el punto de vista de su funcionamiento, a partir de entonces el Consejo Consultivo ha visto incrementadas sus competencias, por ejemplo para poder elaborar, a solicitud de la Junta, estudios, informes, propuestas o dictámenes sobre asuntos relacionados con el cumplimiento y desarrollo del Estatuto de Autonomía. También, en virtud de la citada ley, y en la línea del resto de los consejos consultivos del país se estableció una cuantía mínima de 1.000 euros para el dictamen de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se tramiten por la Junta y por las Administraciones Locales.
