El Consejo Consultivo de Castilla y León se ha pronunciado de forma coincidente con la decisión de la Consejería de Educación de resolver el contrato a la Unión Temporal de Empresas Serunión S.A. – Grupo Lince Asprona S.L.U., a raíz de la aparición, el pasado 14 de mayo, de una tuerca metálica en un plato de crema de hortalizas servido a los alumnos en el colegio de Palazuelos de Eresma.
El dictamen del superior órgano consultivo de la Junta y de la Administración de la Comunidad considera que procede resolver el lote 1 del contrato de gestión del servicio público en 19 comedor escolar de la provincia de Segovia durante los cursos 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017.
Según ha podido saber esta redacción, el informe aprobado ayer en la reunión de Secciones del Consejo Consultivo celebrada en Zamora, ha sido remitido a la Consejería de Educación, institución que había dado pasos para la cancelación del contrato.
Este dictamen preceptivo considera que la concurrencia de circunstancias como la presencia de un objeto extraño, y peligroso para la salud, en la comida, y la falta de acreditación de que la concesionaria dispone de los medios técnicos y organizativos precisos para detectar, y evitar hechos similares son “suficientes” para apreciar que se ha producido una “perturbación grave y no reparable por otros medios del servicio público de comedores escolares que habilita para proceder a la resolución del contrato”, según indican fuentes solventes. También se estima que ha habido un riesgo para la salud y la integridad física de los menores y que, a pesar de los argumentos de Serunión, tampoco ha podido demostrar que el origen o procedencia de la tuerca, la carga de la prueba, sea ajeno a esta empresa concesionaria. Para el Consultivo los elementos probatorios aportados son insuficientes para demostrar la participación de escolares en la producción del incidente, y por tanto no son circunstancias exonerantes de la responsabilidad de la empresa.
El dictamen de la institución que preside Mario Amilivia y que también integran los consejeros Francisco Ramos y José Ignacio Sobrini indica que el incumplimiento culpable del contratista provoca, como efectos de la resolución, la obligación de la concesionaria de indemnizar los daños y perjuicios que hayan podido ocasionarse a la Junta de Castilla y León.
