El Pleno del Congreso dio vía libre ayer, de forma definitiva, a la reforma laboral incorporando las enmiendas que se aceptaron durante su paso por el Senado, por lo que tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) entrará en vigor en todos sus términos.
La modificación normativa aprobada por el Consejo de Ministros, y que lleva en vigor desde febrero, ha sido modificada tanto en el Congreso como en el Senado, si bien la mayor parte de las enmiendas que se aceptaron fueron presentadas por el PP o pactadas por el partido mayoritario con CiU. No obstante, también UPN y FAC mostraron su acuerdo con la nueva normativa.
Entre los cambios introducidos durante la tramitación parlamentaria de la reforma destacan la limitación de la vigencia del contrato de emprendedores al tiempo que el paro supere el 15%; la priorización de contratación a víctimas del terrorismo o de violencia doméstica; o la exclusión del despido por absentismo de enfermos crónicos, graves o de cáncer.
Sin embargo, los aspectos más controvertidos de la norma, que provocaron incluso la convocatoria de una huelga general, se han mantenido íntegramente. Por eso, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) recurrirá al Tribunal Constitucional, una opción con la que también amenazó el PSOE, si bien no concretó su decisión definitiva. Lo que sí prometieron los socialistas es modificar la ley en cuanto tengan ocasión de hacerlo.
Entre los principales modificaciones incluidas, destacan la creación de un nuevo contrato para empresas de hasta 50 trabajadores, que contempla deducciones fiscales por cada nueva contratación indefinida de jóvenes o parados; la modificación de los contratos a tiempo parcial y la regulación del teletrabajo.
El texto final amplía del 5% al 10% la parte de la jornada que la empresa puede distribuir de forma irregular a lo largo del año. A cambio, el trabajador tendrá derecho a un preaviso de cinco días.
Además, se limita la ultraactividad de los convenios vencidos a un año, se facilita el descuelgue primando el convenio de empresa por encima de los sectoriales o autonómicos; se facilitan las modificaciones de condiciones salariales, se clarifica el despido objetivo, se elimina la autorización previa para despidos colectivos y se reducen las indemnizaciones.
También se abre la puerta a los despidos en el sector público, si bien el personal fijo que haya pasado por un proceso selectivo será el último en ver sus contratos rescindidos; y también se crea una cuenta de formación y un nuevo contrato de aprendizaje.
En la votación de las enmiendas incorporadas al texto durante su paso por el Senado se volverán a repetir, por tanto, las mayorías que han imperado a lo largo de todo el proceso, desde la convalidación del decreto ley hasta la aprobación en la Comisión de Empleo y todo su paso por la Cámara Alta.
De esta forma, a los apoyos conseguidos en las filas de CiU, FAC y UPN se opusieron PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, CC-NC, Compromís-Equo y Geroa Bai. Tampoco cambiaron los argumentos contra el texto -que provocará despidos baratos, grandes desequilibrios entre empresarios y trabajadores, que profundiza en la precarización y perjudicará especialmente a las mujeres, entre otros- ni contra su forma de aprobación, por decreto ley.
Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT volvieron a expresar su rechazo contra la reforma laboral y aseguraron que pedirán de nuevo a la Defensora del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad contra el cambio normativo. «No cabe duda de que estamos ante un escenario desfavorable para el cojunto de la clase trabajadora», sostuvieron los líderes sindicales.
Eliminar empleos públicos.- La presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, apostó ayer por «seguir con las reformas» que, a su juicio, van a suponer «un efecto a medio plazo», en el que, avisó, «podremos tomar decisiones de austeridad muy fuertes». Rodríguez afirmó en una emisora de radio nacional que la rebaja del sueldo de los funcionarios no es suficiente para conseguir que las Administraciones Públicas sean sostenibles, sino que se debe llevar a cabo una «reestructuración» que supondría «a la fuerza» eliminar empleos públicos, al menos los que correspondan a aquellas empresas públicas que crecieron «como setas» durante los años de «bonanza económica» y que hoy en día no son viables.
Las palabras de la política popular no tardaron en obtener respuesta por la parte de la oposición. Así, la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, advirtió al Gobierno de que eliminar empleos públicos sería «lo peor» y «es precisamente el ajuste que no hay que hacer» y subrayó que esta posibilidad ya venía apuntada claramente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
