Madrid vivirá hoy una jornada de protestas en las calles contra las políticas y los recortes del Gobierno. Una iniciativa ciudadana con el nombre de 25-S Rodea el Congreso ha llamado a cercar la Cámara Baja del Parlamento con la intención de reclamar un nuevo proceso constituyente en España. La manifestación pretende cercar el Congreso de los Diputados con tres marchas simultáneas a la misma hora en la que se celebra un pleno, pese a las advertencias desde el Ejecutivo, que ha recordado que según la ley, no se pueden celebrar protestas junto al edificio cuando los diputados se encuentran reunidos.
Así, la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, alertó ayer de que tiene informes policiales que apuntan las «intenciones poco pacíficas» de algunos convocantes del movimiento del asalto al Congreso de los Diputados para la jornada del 25 de septiembre. También aseguró que le «preocupa» que las protestas puedan «terminar mal, pues siempre» hay grupos o personas que van a la movilización de cualquier tipo «para reventarlo». «Me importa la radicalidad de algunas de las organizaciones que lo están apoyando», señaló.
Según la delegada del Ejecutivo madrileño, la Policía «va a actuar» de una manera «razonable y proporcionada» y se va a dejar que la gente que se quiera manifestar lo haga por el Paseo del Prado, «como se ha hecho en los últimos meses en más de 100 ocasiones» en el eje del Paseo del Prado, Neptuno y Cibeles «pero lo que no se va a permitir es que se rodee el Congreso de los Diputados».
Serán un total de 1.350 agentes antidisturbios los que participarán en el dispositivo de seguridad que protegerá la Cámara Baja, con el objetivo de crear «un cinturón triangular» en su entorno.
Para la popular, el problema es que lo que algunos grupos pretenden «no es una movilización ciudadana por la situación actual». «Lo que se está promoviendo por parte de algunos grupos es un cambio de sistema político, un cambio constitucional, un movimiento que, en mi opinión, pretende una involución política».
Cifuentes indicó que a parte de la Coordinadora del 25-S, la movilización también «está apoyada por grupos de ultraderecha, algunos de ellos, con una ideología muy cercana al nazismo», lo que, a su juicio, prueba «que los extremos se tocan» y que «consta la radicalidad de este tipo de movilización».
La Audiencia Nacional imputó la semana pasada a ocho personas por la convocatoria de la marcha alrededor del Congreso, sobre quienes se cierne, en caso de llegar a ser acusados, penas de entre seis meses y un año de cárcel o una multa de entre 12 y 24 meses. «No va se a permitir bajo ningún concepto que se rodee o que se tome el edificio», manifestó Cifuentes. «Eso sería delito».
Unas declaraciones de la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, en las que comparó la iniciativa del 25-S con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 suscitaron la polémica. «La última vez que se rodeó Congreso fue por el intento de golpe de Estado por unas personas que querían taparnos la boca a todos los españoles que habíamos elegido libremente a nuestros representantes y querían ocupar la casa que es de todos», sostuvo.
Por su parte, el PSOE no tardó en criticar esa comparación. El 23-F «entraron militares con pistola» a la Cámara, subrayó su homóloga socialista, Elena Valenciano, quien señaló que quien se manifieste hoy «debe hacerlo dentro de la ley y pacíficamente».
