Las familias con serios problemas para afrontar el pago de sus viviendas recibieron ayer un ligero alivio, así como las pequeñas empresas, ya que el Congreso aprobó sin ninguna oposición -con los votos a favor del PSOE, PNV, CC y UPyD y con las abstenciones de PP, CIU, ERC-IU-ICV y BNG- elevar a 961 euros el sueldo que no se puede embargar por impago de una hipoteca y crear una línea ICO para deudas de ayuntamientos con pymes y autónomos.
De esta forma, el Gobierno consiguió dar luz verde a un paquete de medidas que, según la vicepresidenta económica, Elena Salgado, son «urgentes» para paliar los efectos de las actuales turbulencias financieras en los hogares, pymes y emprendedores.
El pleno del Congreso de los Diputados convalidó este decreto ley, cuyas iniciativas proceden en su mayoría de las resoluciones aprobadas durante el debate sobre el estado de la nación, por 178 votos a favor y 162 abstenciones.
La mayoría de los grupos parlamentarios se mostraron a favor de las dos principales iniciativas, la de ayudas a las familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas y la de la línea ICO dotada con 3.400 millones, que está en marcha.
La responsable de Economía avanzó que los ayuntamientos podrán solicitar los nuevos préstamos «en los próximos días».
Salgado recordó la elevada morosidad de las administraciones locales y dijo que ayudará a los autónomos que han visto «comprometido su trabajo» por la crisis.
La nueva línea, que comenzará a financiar primero las deudas de las pymes con menos de 250 empleados, pagará directamente a los proveedores las facturas pendientes a 31 de abril de 201.
El apunte
Test de estrés. Elena Salgado expresó ayer su confianza en que las pruebas de resistencia que se publicarán hoy «salgan bien» para las entidades nacionales porque considera que son «fuertes en términos de solvencia». España somete al 95% de su sistema financiero a dichas evaluaciones.
