La Comisión de Economía del Congreso dio luz verde al proyecto de ley de Medidas Urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que procede del ‘macrodecreto’ presentado por el Gobierno a principios de julio, y lo remite así al Senado para que continúe su tramitación.
Durante el trámite en Comisión, con competencia legislativa plena y presidida por el popular Ovidio Sánchez, se aprobaron alrededor de 40 enmiendas que modifican el texto, más de una decena pactadas entre todos los grupos y algunas de otras formaciones políticas.
Al finalizar la sesión, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Economía y Competitividad, Vicente Martínez Pujalte, se mostró satisfecho por la tramitación del proyecto de ley que, según dijo, se hizo de la manera “más sosegada posible” y tras un debate en dos sesiones que duraron más de diez horas.
En este debate, tal y como explicó, todos los grupos tuvieron la oportunidad de hablar y presentar sus argumentos con tiempo ilimitado y tratando los temas de forma “escalonada y diferenciada” para facilitar el diálogo.
Pujalte celebró la incorporación de unas 40 enmiendas al texto que, a su entender, “mejoran” la norma y muestran la “voluntad clara” de diálogo del Gobierno y del Grupo Popular para llegar a acuerdos.
Además, aseguró que algunos grupos parlamentarios no rechazaron la norma en la votación final del proyecto de ley, que también se dividió en bloques y artículos. “Sobre todo agradezco el esfuerzo de CiU y PNV para llegar acuerdos”, dijo, tras resaltar, sin embargo, que también se aprobaron cambios de otras formaciones.
Gran esfuerzo
Según Pujalte, se hizo un gran esfuerzo para aprobar el proyecto de ley “con sosiego, acuerdo y voluntad de pensar sólo en el bienestar de las familias y los ciudadanos”. De hecho, recordó que el objetivo de esta norma es afianzar el crecimiento económico y transformarlo en bienestar. “Ahora que cosas empiezan a ir mejor, lo que queremos es que las familias se aprovechen de esa mejoría cuanto antes en términos de empleo y de bienestar”.
Aunque el proyecto de ley era ya muy amplio, el Gobierno aceptó mejoras en el apartado de empleo juvenil, en el gas -para hacer la reforma más eficiente-, y en el capítulo para impulsar la economía. Igualmente, se impulsó una enmienda transaccionada “muy importante” para mejorar las ayudas a la recuperación del municipio de Lorca.
De la misma forma, se aceptaron cambios de PNV y CiU en la regulación de puertos, porque al Grupo Popular le parecieron “razonables” y demuestran el esfuerzo que hicieron los grupos durante el verano.
El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, dijo a los medios que su grupo está “totalmente en desacuerdo” con el proyecto en general, aunque celebró haber podido incorporar más de 20 cambios al texto.
En concreto, consiguió mantener las competencias de la Generalitat en materia de puertos, incrementar el periodo transitorio en temas administrativos del 33% al 40%, introducir cambios en materia de empleo para mejorar la Garantía Juvenil, mejorar las comisiones de los consumidores cuando usan sus tarjetas de crédito, fomentar la eficiencia gasística y facilitar la exención de la plusvalía municipal que genera la dación en pago.
Por su parte, el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, aseguró que el Grupo Vasco está “completamente en desacuerdo” con el ‘macrodecreto’ porque supone un “atropello democrático” y un “popurrí de medidas sin coherencia interna”. Aunque se mostró satisfecho de que se tramitase como proyecto de ley para poder debatir y modificar el texto, aseguró que el Grupo Vasco sólo consiguió convertir seis enmiendas.
