El hasta ahora delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, presentó ayer la «dimisión de todos sus cargos», después de conocerse que el juez Eduardo López, que instruye el caso Madrid Arena, le imputaba como responsable de la cesión del recinto municipal, a petición de la Fiscalía, en el marco de la investigación judicial por los hechos que provocaron la muerte de cuatro jóvenes la noche del 31 de octubre en ese pabellón.
Se trata del primer cargo del Ayuntamiento de la capital que asume responsabilidades políticas tras el tráfico suceso. El edil tomó la decisión en tanto que, como delegado de Economía, ostentaba desde enero de 2012 la Presidencia no ejecutiva de la empresa pública Madrid, Espacios y Congresos, que se encarga de otorgar los permisos para celebrar actos públicos en los espacios de titularidad municipal.
La determinación del magistrado, que el pasado lunes citaba a Calvo solo a declarar como testigo, fue avanzada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras concluir la inspección ocular que tuvo lugar en el recinto municipal para tratar reconstruir lo sucedido aquella madrugada.
En el marco de la investigación, el encargado de la empresa Diviertt, Miguel Ángel Flores, testificará el próximo martes como imputado, mientras que el miércoles lo hará el responsable legal de Kontrol 34, una de las compañías encargadas de la seguridad. Los próximos días pasarán ante el juez el responsable de Seguriber y el exconcejal del Ayuntamiento.
Por otro lado, el juez practicó ayer una inspección ocular en aras de reconstruir lo que pasó y recoger vestigios que puedan valer para la investigación. El magistrado estuvo acompañado por el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, representantes del Ministerio Fiscal, la Policía Científica y miembros de la Brigada de Homicidios que se encarga de la investigación, así como de tres agentes, dos nacionales y un municipal que la noche de autos, fuera de servicio, se encontraban en el pabellón.
Tras concluir la inspección, Moix no quiso dar muchos detalles sobre las pesquisas de la diligencia, pero apuntó que en este proceso se depurarán «responsabilidades penales, no políticas». «Se trata de determinar cuáles fueron la causas que originaron el trágico suceso y valorar si ha habido algún tipo de responsabilidad penal», señaló el representante del Ministerio Público.
En la inspección, se examinaron las entradas y salidas del pabellón, así como el pasillo donde se produjo la avalancha de personas. Respecto al aforo, el fiscal superior explicó que se quiere cuantificar el número de personas que acudieron al evento a través del visionado de imágenes.
