El Círculo de Empresarios propone reducir a 18 días la indemnización por despido en los contratos temporales e indefinidos, así como alargar el tiempo de cobro de la prestación por desempleo aunque condicionándola a la aceptación de ofertas de trabajo y revisar el sistema salarial de los funcionarios para que tenga una parte variable. Así se recoge en el capítulo de ‘Ideas para crecer’ incluido en el análisis sobre los Presupuestos del Estado para 2016, que presentaron el presidente de la institución, Javier Vega de Seoane, y el vicepresidente y presidente del Comité de Economía y Presupuestos, el exministro ‘popular’ Josep Piqué.
En dicho documento, los empresarios reconocen el camino recorrido hasta ahora por la economía española para salir de la crisis pero defienden la necesidad de profundizar en las reformas estructurales si se quiere “acelerar el crecimiento, la creación de empleo y la consolidación fiscal”. A renglón seguido, plantean las que medidas que, a su juicio, serían necesarias para conseguir esos objetivos, comenzando por el mercado laboral, en el que hacen falta “normas más claras y sencillas que reduzcan el margen de interpretación de los jueces”.
Y, en concreto, proponen reducir los tipos de contratos a tres —indefinido, por necesidades empresariales (de duración determinada) y juvenil (de formación)— y “equiparar” las indemnizaciones entre los contratos indefinidos y los temporales, convergiendo hacia los 18 días por año trabajado, similar a otros países europeos pero por debajo de la cifra fijada actualmente, en 20 días para despidos procedentes y en 33 para los improcedentes.
Además, el Círculo cree que hay que alargar el periodo de percepción de las prestaciones por desempleo aunque condicionando su cobro a la aceptación de ofertas de trabajo, mientras que en el ámbito de las políticas activas aboga por una “mayor colaboración” público-privada y una “rehabilitación profesional eficaz”. En el mismo sentido, los empresarios vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de establecer un salario mínimo interprofesional específico para jóvenes con escasa cualificación y vinculado a la formación. Asimismo, abogan por una reforma educativa “consensuada, estable y de largo plazo”.
