A tono con la rampante politización de la vida pública española, en la que ningún asunto queda al margen de la batalla partidista y el consenso se antoja misión imposible, la crisis de los controladores brindó ayer a Gobierno y oposición una nueva oportunidad para escenificar su disputa. Así, por más que la cuestión de fondo, es decir, la necesidad de garantizar a los españoles el derecho a volar, no está en discusión, y, en consecuencia, el Congreso autorizó como estaba previsto la prórroga del estado de alarma hasta el 15 de enero con el propósito de consolidar la normalidad en el tráfico aéreo, lo cierto es que la decisión salió adelante sin el respaldo del principal partido de la oposición, que se abstuvo, mientras que los minoritarios BNG, NaBai, UPyD, ERC e IU se opusieron a prolongar otro mes la militarización de los aeropuertos.
Desde la tribuna, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que le hizo el trabajo sucio al presidente Zapatero, que huyó a Bruselas, insistió en la necesidad de dar respuesta a la «alarma social» que ha generado la crisis y advirtió de las consecuencias «demoledoras» que tendría la repetición de una situación «siquiera similar» a la del 3 de diciembre, con pérdidas de «miles de millones».
A la hora de justificar el mantenimiento de una medida inédita en las tres décadas de democracia y que suscita muchas dudas jurídicas por suponer una restricción casi dictatorial de determinados derechos civiles, Jaúregui argumentó que, «ni la sociedad ni el sector han recuperado una percepción de normalidad del tráfico aéreo».
A juicio del Gobierno, que según determinadas fuentes conocía desde meses atrás la posibilidad de un plante de los controladores y que ha sido incapaz de evitar que la crisis estallara, la mera incertidumbre sobre la posibilidad de volar en las próximas fechas navideñas representa «un coste inasumible para el país», de modo que, mientras subsistan las causas subyacentes que provocaron el «chantaje», tiene la obligación de garantizar la normalidad.
El socialista recalcó que hasta el 15 de enero hay programadas más de 100.000 operaciones aéreas, con unos 3,5 millones de pasajeros, de ellos 2,5 millones en vuelos internacionales.
Enfrente, o más bien haciéndose a un lado, el PP prefirió abstenerse porque dijo que su vocación es la de «proteger a los ciudadanos de la enorme incompetencia e incapacidad» del Ejecutivo para garantizar la normalidad sin echar mano de medios excepcionales.
La portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que no se oponen a la prórroga, pero que tampoco la respaldan de «ningún modo».
las posturas ‘habituales’. Por su parte, CiU y el PNV, que una vez más sacaron del fuego las castañas del Gobierno, solamente insistieron en que no volverán a respaldar un segundo requerimiento para que el país continúe en estado de alarma.
El bloque de la izquierda integrado por ERC, IU y BNG, al que se unió UPyD, votó en contra por considerar que los socialistas no han resuelto el problema con los controladores, sino que se ha limitado a «anestesiarlo». El diputado de IU, Gaspar Llamazares, insistió en que en democracia el fin no justifica los medios y confió en que no se vuelva a adoptar una medida así, «no vaya a ser que alguien de este Gobierno después quisiera nombrar cónsul a su caballo».
Con razonamientos algo menos elaborados, la jefa de Unión, Progreso y Democracia, la ex socialista Rosa Díez, prefirió apelar a razones prácticas y censuró «la incompetencia y la irresponsabilidad del Ejecutivo» antes de subrayar que ha sido «la mala cabeza» del presidente, Rodríguez Zapatero, y su equipo, la que ha llevado al país al estado de alarma.
