En 2010, tras cuatro años de caídas, se produjo una mejora de la renta agraria en un 6,9%, consecuencia, sobre todo, de las buenas producciones y de los buenos precios de los cereales. Esta situación es probable que se repita este año, según los datos provisionales que se deben publicar en las próximas semanas.
Esta circunstancia puede ser un factor positivo para seguir reduciendo el endeudamiento en el sector agrario, pero no debería tapar el problema de fondo: el campo no quiere aumentar más su déficit ante lo que puede deparar el futuro, con una reforma cuyos posibles beneficios dependerán de cómo se aplique la misma.
Hasta el segundo semestre de este año, según las cifras manejadas por el Ministerio de Medio Ambiente, los impagos en el ámbito agrario español se elevaba a 20.035 millones de euros, con una rebaja del 0,8% sobre el trimestre anterior. Se trata del dato más baja en los últimos años.
Sobre el papel se trata de una cantidad que se podría considerar como normal y que se halla en la media del conjunto de los sectores de la economía. El peso de la actividad agraria en el PIB supone una media del 2,5% mientras que el crédito agrario alcanza, igualmente, un porcentaje parecido sobre el conjunto de deuda del país.
Por lo tanto, no nos encontramos ante una situación excepcional. Sin embargo, para valorar su importancia, sería indispensable que la Administración facilitara otro dato: qué parte de ese déficit corresponde a circulante, es decir, a dinero indispensable para seguir en la actividad y que reflejaría un grave problema si se trata de una cifra alta; y qué parte son créditos a largo plazo solicitados para obras de infraestructuras o para mejora o equipamiento de las explotaciones.
Esta situación de caída de los impagos agrarios tiene una doble lectura. Se podría pensar, por un lado, que se trata de una situación positiva ya que el sector agrario ha rebajado sus peticiones de crédito porque se ha producido una mejora en sus disponibilidades de préstamos y que, por lo tanto, puede asumir con sus propios recursos sus necesidades de inversión. Sin embargo, ésta es solo una posibilidad que se podría asociar únicamente a algunas producciones y no a todas las zonas del país, como sería el caso de los cereales, con un buen año en volumen y, sobre todo, una interesante campaña en precios, aunque los abonos se lleven parte de esos beneficios.
Por el contrario, no sucede lo mimo con la mayor parte de las cabañas ganaderas, donde, con la subida de precios y los problemas en los mercados, las explotaciones pasan por una crisis casi permanente desde 2008. En este caso, la rebaja de la deuda correspondería principalmente al miedo de los ganaderos a contraer más impagos sin tener despejado el futuro.
Preocupa el comportamiento de los mercados y, sobre todo, el panorama de las ayudas para las explotaciones sin tierra en el marco de la futura reforma de la PAC, según la propuesta actual.
La Administración abrió hasta el pasado verano diferentes medidas de ayuda para apoyar a las cabañas ganaderas afectadas por una mala situación económica. Sobre la mesa había un montante de 90 millones de euros para la concesión de créditos bonificados. Sin embargo, las peticiones solamente llegaron a unos 12 millones y, de esa cifra, solo unos cinco acabaron en manos de los profesionales y, en su mayor parte, para las necesidades de un subsector avícola de puesta obligado a modificar la estructura de las explotaciones para cumplir las normas sobre bienestar animal.
La falta de préstamos responde, finalmente, a la posición de las entidades financieras de no conceder créditos sin las debidas garantías, postura que adoptó también la Sociedad Estatal para la concesión de avales. En consecuencia, no hay más endeudamiento porque el sector no lo demanda, y si lo exige, no se da.
Tradicionalmente, el campo ha tenido la vitola de ser un buen pagador. Esta responsabilidad siempre ha sido una norma no escrita entre agricultores y ganaderos con sus prestatarios. El hecho de tener una fuerte dependencia de las condiciones climatológicas o de los mercados cada campaña, obliga, además, a guardar en periodos de bonanza para poder cumplir con sus compromisos.
Hoy, las cosas han cambiado. Hace cinco años, el índice de morosidad apenas si superaba el 1%. Sin embargo, ese porcentaje se ha ido incrementando año tras año, sobre todo en los últimos ejercicios con una crisis general, para pasar en 2007 al 3,1%, al 3,9% en 2008, al 4,37 en 2009, y finalmente, alcanzar el 5,33% actual. Esta cifra se halla muy por debajo de la media nacional del 9,79%, pero se sitúa solo ligeramente por encima de la media del 4,35% si no se computa la situación de los sectores de la construcción y de las empresas inmobiliarias.
Lo que suceda en el ámbito de la industria agroalimentaria es igualmente importante para el sector agrario al existir una gran dependencia en las ventas de una parte muy importante de sus productos en origen. Si les va bien, podrán cumplir mejor con su obligación de pagar a 30 o a 60 días y, así, no aplazar los pagos hasta los 90 como está sucediendo en la actualidad.
En relación con la industria agroalimentaria, según los datos oficiales, el endeudamiento sigue una línea de retroceso para caer hasta los 22.585 millones de euros, frente a un techo en los años precedentes de 23.658 millones. Por lo tanto, el sector está menos endeudado para mantener su actividad productiva en los niveles de los ejercicios anteriores. Pero, sobre todo, ha conseguido reducir ligeramente los índices de morosidad hasta el 5,22 por ciento.
