El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, expresó en su discurso de investidura (23 de junio de 2011) su voluntad de «impulsar, con el necesario consenso, las reformas legales y reglamentarias que sean precisas para dar una más amplia respuesta al derecho de participación en los asuntos públicos previsto en el Estatuto de Autonomía». Con ello, Herrera abrió el camino en su discurso de investidura a la constitución de un grupo de trabajo para «conseguir que los ciudadanos se sientan mejor representados, y puedan tener además una participación directa en las Cortes», según sus propias palabras.
Siete procuradores (tres del Grupo Popular, tres del Grupo Socialista y uno del Mixto) constituyeron el pasado 26 de septiembre ese grupo de trabajo, que volverá a reunirse el próximo 17 de octubre, para abordar los tres compromisos citados por el presidente: modificar la actual regulación de las iniciativas legislativas populares para que sus propios impulsores puedan presentarlas ante el pleno de las Cortes; impulsar el cambio del reglamento de la Cámara para facilitar la presentación directa de iniciativas ciudadanas en una comisión específica; y analizar las reformas legales y materiales necesarias para lograr un «desbloqueo» de las listas electorales.
Los tres grupos están de acuerdo en las dos primeras cuestiones planteadas por el Partido Popular: la revisión de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular de la Comunidad para que un ciudadano promotor de una ILP pueda defenderla ante el pleno, así como la creación de una comisión de petición. También hay unanimidad en estudiar el «desbloqueo» de las listas, aunque son conscientes de que ello requerirá una reforma legal a nivel nacional.
Juan José Sanz Vitorio (PP) explica que se pretende llevar a cabo el compromiso expuesto por el presidente de la Junta en su discurso de investidura y, dado que será necesario modificar el reglamento de las Cortes, se aprovechará para la incorporación de cuestiones incluidas en la última reforma del Estatuto de Autonomía y para otras modificaciones técnicas en aspectos que pueden ser interpretables (como sucedió con la intervención fuera de turno del presidente en el primer pleno del periodo de sesiones). Para ello, es posible que un letrado acuda a la reunión del grupo de trabajo el próximo 17 de octubre, según manifestó Sanz Vitorio.
El procurador socialista José Francisco Martín considera que con esta apertura a la participación ciudadana se «recoge en parte la iniciativa socialista de poner en marcha el Procurador 30». Sin embargo, Martín califica de «canto al sol» la apertura de listas y afirma que «nos deja fríos» el traslado de las modificaciones estatutarias al reglamento.
José María González, procurador de IU y miembro del Grupo Mixto, se muestra de acuerdo con la mayor participación ciudadana, pero reconoce que se debe aprovechar el momento para modernizar el reglamento y, además de dar voz a la sociedad civil, aprovechar para eliminar algunas restricciones que impide a los miembros del Grupo Mixto la presentación de iniciativas parlamentarias en todas las sesiones plenarias. «Entendemos que debe existir la proporcionalidad, pero ello no significa que no podamos participar más en la vida parlamentaria de Castilla y León», concluye el abulense González.
BIENES Y ACTIVIDADES. A estas cuestiones en las que los grupos se muestran más o menos de acuerdo se ha añadido la declaración pública de bienes y actividades de los procuradores como ha ocurrido recientemente en el Congreso y Senado, ya que hasta ahora se realiza a través de una declaración notarial que no es accesible para los ciudadanos. Este asunto plantea discrepancias, pues aunque todos se muestran de acuerdo en el fondo, la forma y los plazos provocarán enfrentamientos.
Los populares no se cierran a nada y pretenden que la declaración pública se realice con «normalidad» después de todas las reformas legales y reglamentarias que sean necesarias, según afirma Sanz Vitorio; sin embargo, tanto PSOE como IU insisten en la necesidad de dar publicidad cuanto antes a los bienes de los parlamentarios y para ello, el grupo socialista presentará el 17 de octubre un modelo de formulario para su aprobación. Martín insiste en que un acuerdo de los grupos es suficiente para que se puedan hacer públicos los datos. González también desea que el ciudadano pueda conocerlo cuanto antes.
