Todos los grupos políticos de El Espinar han valorado el anuncio realizado el viernes por la Junta de Castilla y León, por el que ha convocado un concurso para reabrir La Casona del Pinar, retomar su actividad turística y recuperar puestos de trabajo. El alcalde de El Espinar, Francisco Jorge (PP), considera “que se ha trabajado en buscar alternativas encaminadas a la reapertura de La Casona, que conllevará consecuencias positivas en el empleo y en la economía de nuestro municipio”.
En su opinión, “acceder a gestionar La Casona, por su situación, instalaciones, comunicación, posibilidades y versatilidad, es una oportunidad que no debe ser desaprovechada, ni por la iniciativa privada, ni quizá por la pública, pero cualquiera de las dos debe pasar por la recuperación de puestos de trabajo”.
Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, David Rubio, aunque opina que se trata de una buena noticia para el municipio, afirma que este anuncio “es un nuevo ejemplo de la política de privatización de servicios públicos de la Junta”. Rubio argumenta que si por 1.000 euros mensuales (renta establecida en el concurso de adjudicación) es rentable La Casona, “creo que la administración debería haber continuado con su gestión y mantener los puestos de trabajo”. “No entiendo que se olviden, abandonen y se pierdan puestos de trabajo. Se debería haber hecho un esfuerzo para mantenerlo. La austeridad no está en juego, como pretende hacer entender la Junta, sino el afán privatizador del Gobierno”, añade.
El portavoz del grupo municipal de IU, Eugenio López, califica el concurso de “fenomenal”, pero también critica que se podía haber hecho antes. “Han mandado a mucha gente al paro, y han demostrado una improvisación muy grande, porque hace un año también exisitía La Casona. Confío en que esto dé esperanza a los antiguos trabajadores”, mantiene.
El plazo de presentación de propuestas para acceder al concurso de explotación de La Casona del Pinar concluye el 25 de mayo. El pliego de condiciones prevé que el adjudicatario podrá gestionar el centro durante dos años prorrogables por otros tres. Pasado ese lustro el contrato podrá ampliarse anualmente, hasta alcanzar un máximo de veinte años.
