Cuando se recibe más dinero de lo que a uno le corresponde, hay que devolver lo recibido por exceso. Es lo que le ocurre al Ayuntamiento de Segovia, que deberá devolver a la administración general del Estado casi 5 millones de euros —unos 4.800.000 euros— por las cantidades entregadas por el anterior Gobierno de la Nación al consistorio, durante las anualidades de 2008, 2009 y 2010, como anticipos de la participación de la administración local en los ingresos por recaudación de impuestos estatales.
El Gobierno anticipó la entrega de cantidades en función de una previsión de ingresos por recaudación de impuestos (IVA, IRPF, hidrocarburos, tabaco y alcohol, entre otros) que se demostró errónea. Como consecuencia, el Ayuntamiento recibió en estos tres años más dinero del que le correspondía y que ahora deberá devolver. Durante las tres anualidades, el Gobierno entregó las mismas cantidades por participación de impuestos estatales, pero en 2009, y sobre todo en 2010, los ingresos del Estado cayeron de forma alarmante y la liquidación se cerró en negativo. La mayor cantidad que ‘adeuda’ el Ayuntamiento se corresponde al año 2010, según fuentes de la Concejalía de Hacienda, —casi 4 millones de los cerca de 5 millones que tiene que devolver—. Lo cierto es que el ‘problema’ es común a los municipios, aunque afecta especialmente a las Comunidades Autónomas, que reciben un porcentaje apreciable de ingresos para su financiación de lo que recauda el Estado por impuestos.
El alcalde, Pedro Arahuetes, admitió ayer la ‘deuda’ y dejó entrever que el Ayuntamiento permanece a la espera de conocer si el actual Gobierno ‘flexibiliza’ los plazos de devolución de las cantidades recibidas por exceso. Aunque en un principio el plazo para saldar la deuda quedó establecida en cinco años —devolver un millón de euros al año—, Arahuetes espera que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirme lo que manifestó “en un mitin del PP”: que este plazo se extienda a 10 años.
“Lo dijo el ministro, pero no tenemos aún ninguna comunicación oficial”, aseguró ayer Arahuetes, quien admitió que poder pagar la deuda en diez años en lugar de cinco supondría un “alivio” para las arcas municipales porque permitirían no recortar en exceso los gastos.
“Creemos que no habrá que devolver, sino que nos lo descontarán”, aseguraban ayer, por su parte, fuentes de la Concejalía de Hacienda, que también ven con buenos ojos la ampliación del plazo que anunció el ministro de forma extraoficial. “No es lo mismo devolver, o que nos descuenten, un millón de euros al año, que la mitad”, indicaron estas mismas fuentes. Asimismo, la subida del IBI decretada por el Gobierno Rajoy —de un 4% en el caso de Segovia— supondrá unos ingresos adicionales para las arcas municipales de unos 400.000 euros.
El alcalde explicó ayer que la elaboración del presupuesto municipal de 2012 solo se encuentra a la espera de que la Junta informe sobre las cantidades que transferirá al Ayuntamiento. “Sabemos lo que recaudará el Ayuntamiento [por el cobro de tributos], ya conocemos lo que aportará el Gobierno de España, y solo nos falta saber lo que aportará la Junta, que es el 10% de nuestro presupuesto”, dijo Arahuetes.
Las aportaciones del Estado al Ayuntamiento será la misma que el año 2011 —según los criterios publicados en la web del Ministerio de Hacienda—, de manera que las arcas municipales recibirán entre 12 y 15 millones de euros; que suponen algo menos del 30% del presupuesto municipal, que oscilará entre los 50 y los 57 millones de euros.
De la Junta se espera recibir en torno a 5 ó 6 millones de euros, según Arahuetes, en partidas “finalistas”; esto es, dirigidas a mantener proyectos que la administración regional cofinancia con el Ayuntamiento; básicamente referidas a políticas sociales, como talleres de empleo, escuelas taller o el servicio de ayuda a domicilio. Si finalmente la Junta no aporta las cantidades previstas, Arahuetes apuntó que el Ayuntamiento acudiría a un “Plan B”, el de “recortar”. “El borrador de presupuestos está elaborado con las mismas cantidades del año pasado, de manera que si hay partidas que no llegan de la Junta, pues se suprime”, dijo Arahuetes, que insinuó que si la administración regional elimina sus aportaciones , aquellos proyectos que cofinancian ambas administraciones, estarían llamados a desaparecer.
