El Ayuntamiento recuperará la gestión directa de los locales y la campa de la estación de autobuses el próximo 19 de marzo; mientras que el aparcamiento sobre el que se asienta la terminal continuará bajo la explotación de la iniciativa privada durante seis años más. Justo en el plazo de un mes, el Ayuntamiento volverá a ser responsable directo de la limpieza, seguridad y funcionamiento de la estación, así como de gestionar el alquiler de los 19 locales que existen en el interior de la terminal. Solo dos locales comerciales están hoy ocupados, además de las taquillas de las empresas de autobuses y la cafetería.
La gestión directa de la estación regresará al Ayuntamiento al cumplirse la fecha de finalización del contrato que el consistorio suscribió a finales de 2005 con la Compañía de Aparcamiento Regulado S.A. (CARSA) y que ha estado vigente en los últimos siete años. El Gobierno municipal ha optado por asumir directamente la gestión tras el fracaso económico que supuso ‘privatizar’ la estación, y que, en síntesis, obedece a la imposibilidad que ha tenido CARSA de cobrar las tasas, que aprobó el Ayuntamiento, a las empresas de transporte regular por el uso de la terminal, dado que ésta no tenía la categoría legal de estación, sino de simple apeadero. Así lo declaró el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), en dos sentencias, en noviembre de 2008 y en marzo de 2011, en respuesta a la demanda presentada por las empresas La Sepulvedana, Autocares Garrido, Galo Álvarez y Autobuses Bermejo.
La sentencia más reciente ha sido la del Tribunal Supremo, dictada el pasado 3 de febrero, que rechazó el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia del TSJCyL de 2011 y que desveló, este lunes, el PP. Justamente el 3 de febrero, el mismo día en que el Tribunal Supremo ratificaba que no se pueden cobrar tasas en una instalación que es apeadero de viajeros y no una estación de autobuses, el pleno del Ayuntamiento, a propuesta de la Concejalía de Tráfico y Transportes, aprobó la liquidación con la empresa CARSA; o más bien, el acuerdo alcanzado por el Gobierno municipal con la concesionaria para evitar el pago en metálico de los 198.548 euros que resultan del desajuste presupuestario del contrato. Tal y como autoriza la Ley de Contratos, la compensación económica al concesionario se producirá con la ampliación de la explotación del parking subterráneo de la estación de autobuses por un periodo de seis años y una subida de tarifas de las plazas de rotación del 35,77%, que alcanzarán precios similares a los del resto de aparcamientos subterráneos de la ciudad, como el de Fernández Ladreda o Padre Claret, según precisó la concejala de Transportes, María José de Andrés.
El 1 de septiembre de 2005, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad el pliego para adjudicar la gestión y explotación de la campa, los locales comerciales y el parking subterráneo de la estación de autobuses. El PP votó a favor tras una modificación sustancial del documento acordada apenas unas horas antes; y que suponía multiplicar por diez el canon que tendría que abonar la empresa, según recordó entonces el concejal del PP, Ángel Sancho. En noviembre de 2005 el Ayuntamiento adjudicó a CARSA el contrato, que recogía el compromiso de abonar a las arcas municipales un canon anual de 139.347 euros, lo que supondría unos ingresos totales para el municipio, en los siete años de concesión, de 975.429 euros.
El pliego estableció la obligación de la adjudicataria de acometer diversas obras de mejora, con un plazo de ejecución de seis meses tras la firma del contrato, como la construcción de la nueva cafetería, la creación de una zona de consignas, la colocación de carteleria y paneles informativos o la instalación de megafonía.
Entre otras actuaciones CARSA se comprometió a instalar una cubierta que amparase las diez dársenas o estacionamientos situados en la zona posterior de la campa, una actuación que era prioritaria para el Ayuntamiento, según dijo la entonces concejala de Tráfico y Transportes, Ana Sanjosé, sabedora que sin todas las marquesinas en la campa, la Junta de Castilla y León no otorgaría la condición de ‘estación de autobuses’ a la terminal.
El 5 de marzo de 2006, el pleno del Ayuntamiento aprobó las nuevas tasas por el uso de la terminal. Las tasas contemplan el cobro de 0,6935 euros por cada entrada o salida de un autobús con viajeros, tanto regulares como discrecionales, al iniciar o finalizar viaje para dejar o tomar pasajeros; además de 0,0352 euros por cada billete expedido en todas las líneas, en concepto de utilización de los servicios generales de la estación; y 2,5 euros diarios en concepto de consigna.
CARSA realizó un estudio de los ingresos que le reportaría la aplicación de estas tasas, que en el caso de la tarifa por autobús, con una previsión de 61.000 vehículos al año, se elevaba a 42.300 euros anuales; y en el caso de los billetes expedidos, con una previsión de 2.315.000 viajeros, ascendía a 81.377 euros. A estas cantidades se le sumarían 40.000 euros por la publicidad que se ubicará en la estación y 912 euros por el servicio de consigna, siendo la cantidad más importante el alquiler de los locales, por los que esperaba obtener 156.000 euros anuales. Así, los ingresos por la explotación de la estación ascenderían a 321.000 euros al año. En cuanto a los resultados que la empresa CARSA esperaba obtener por la explotación del aparcamiento, se situaban en 261.700 euros por las 83 plazas destinadas a rotación y unos 3.900 euros por las 54 que estaban alquiladas, ingresos a los que hay que añadía 5.000 por publicidad, para sumar 270.600 euros. Estos ingresos, previstos en términos globales en 592.032 euros anuales, permitirían a CARSA obtener un equilibrio económico con respecto a los gastos que prevé por la explotación, incluyendo tanto los gastos de personal, como las inversiones previstas en las propias instalaciones, los gastos de explotación y el canon, de 139.347 euros, que iba a abonar anualmente al Ayuntamiento.
