La alcaldesa, Clara Luquero, ha informado de que el jueves por la tarde recibió la comunicación de que un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha determinado la inejecución de la sentencia que inicialmente obligaba a derribar la conocida como casa de la calle de la Parra, en el centro histórico de la ciudad, lo que ha calificado como una muy buena noticia con la que, además, se zanja un problema que llevaba coleando desde los años noventa del siglo pasado.
Aunque el auto es recurrible, Luquero ha señalado que los servicios jurídicos del consistorio consideran “remotísima” la posibilidad de que los tribunales den al traste con esta decisión.
En realidad, este nuevo auto del TSJ confirma lo que otro anterior ya apuntaba en noviembre del año pasado, donde además se indicaba la vía a seguir. Mientras el Ayuntamiento inicialmente intentó legalizar la construcción afectada —un edificio de viviendas y cincuenta garajes— en la fase de ejecución de sentencia, porque así lo habían interpretado los servicios jurídicos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del citado órgano judicial autonómico recalcó que la fórmula debía ser instar la inejecución, un procedimiento extraordinario que la normativa solo permite en ocasiones puntuales.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en relación con el principio de proporcionalidad, modera la aplicación de una medida tan drástica como es el derribo o la demolición de edificaciones y aconseja no destruir lo que se va a poder construir por estar permitido sobrevenidamente en el planeamiento urbanístico. Este es precisamente el caso del inmueble de la calle de la Parra, un largo litigio cuyo origen está en un error administrativo derivado de la licencia municipal otorgada en abril de 1993 por un Gobierno del PP en el Ayuntamiento, antes de que se publicara en el BOE el planeamiento urbanístico de aplicación y, por lo tanto, de su entrada en vigor.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento , Ángel Galindo, hizo ayer un análisis rápido, positivo, porque considera que los tribunales “nos dan la razón a aquellos que decíamos que no se podía construir en esa zona y que la licencia se había concedido de forma ilegal”.
Galindo, afirmó que IU de Segovia tiene ahora que estudiar con su abogado si presenta un recurso pero añadió que todo indica que los denunciantes tendrán que ser indemnizados.
“No estábamos obsesionados con que se derribara la casa pero sí queremos los responsables de este tipo de actuaciones no salgan impunes; nosotros vamos a seguir por la mayoría social, por la gente que cumple la legalidad y en contra de quienes intentan saltársela para conseguir beneficios económicos”, añadió el edil.
