El Ayuntamiento de Segovia deberá devolver, casi con toda seguridad, al Ministerio de Industria los 3,8 millones de euros depositados en una cuenta bancaria y que estaban reservados para concluir las obras del Centro de Innovación Empresarial (CIDE), el primer edificio del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT).
El Ministerio de Industria ha advertido que existe una «imposibilidad legal» para conceder una nueva prórroga para concluir la construcción del inmueble, por lo que el Ayuntamiento tendrá que devolver, al menos, las cantidades que no han sido gastadas en la obra, procedentes del préstamo que otorgó en su día al consistorio para construir el inmueble.
El Ayuntamiento aspiraba a obtener una nueva prórroga para finalizar la obra y disponer de esos 3,8 millones no gastados y que la Intervención Municipal no autorizaba a utilizar sin permiso expreso del Ministerio.
En consecuencia, el Gobierno municipal explora ya todas las posibilidades para afrontar la conclusión del edificio del CIDE con recursos propios del Ayuntamiento, para lo que ya ha encargado la redacción de un proyecto de obras de emergencia que impidan el deterioro de lo ya construído del edificio, que se encontraría a un 80% de ejecución, según los socialistas.
La más que probable obligación de devolver esos 3,8 millones, que permanecían ‘bloqueados’ en una cuenta corriente, quedó de manifiesto en la reunión que, según ha podido saber EL ADELANTADO, se celebró el pasado martes en la sede del Ministerio.
En respuesta a una petición formulada por el Gobierno municipal hace más de un año, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo, se reunió con una delegación del Ayuntamiento de Segovia, encabezada por la alcaldesa, Clara Luquero. En el encuentro también participó el portavoz del PSOE y concejal de Empleo y Tecnología, Javier Giráldez, el portavoz municipal del PP, Jesús Postigo, y el gerente del CAT, Claudio Galindo. Luis Peñalosa (IU), que estaba también invitado, no pudo acudir.
Tras la reunión con Calvo Sotelo, dos días después, se celebró una reunión urgente de la ‘Mesa del CAT‘, en la que los participantes en el encuentro con el secretario de Estado explicaron el contenido de la reunión a los concejales Raquel Fernández y José Antonio Garvía, del PP, a Alfonso Reguera (PSOE) y a Luis Peñalosa (IU).
A preguntas de EL ADELANTADO, Giráldez (PSOE) y Postigo (PP) eludieron confirmar ni siquiera la celebración del encuentro con Calvo Sotelo —que este diario ha confirmado por varias fuentes— y el análisis posterior de los grupos en la Mesa del CAT, al existir un presunto ‘pacto de silencio’ alcanzado entre los tres grupos.
«Llevamos 11 reuniones de la Mesa del CAT y no estoy autorizado a decir nada fuera de este ámbito», dijo Giráldez; mientras que Postigo, igualmente, eludió hacer ningún comentario porque «lo que toca ahora es trabajar todos juntos para dar una solución positiva a este problema que tiene la ciudad».
No más prórrogas
Calvo Sotelo, según ha podido saber este diario, aclaró que, en función de la legislación vigente, el Gobierno no puede otorgar nuevas prórrogas -sería la tercera- para concluir las obras del CIDE, paralizadas en junio de 2013 tras la liquidación de la adjudicataria, la empresa Volconsa. Al parecer en la misma línea se ha pronunciado también el Gobierno a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado socialista, Juan Luis Gordo.
Como se sabe, el Ayuntamiento, al amparo del Plan AVANZA, recibió en 2009 para esta obra un préstamo, al cero por ciento de interés, por importe de 9.711.300 euros, a devolver en 12 años. En junio de 2013, la disolución de Volconsa obligó a parar la obra, en la que aún quedaban por invertir 3.890.000 euros. De acuerdo con aquel convenio, el edificio tenía que estar construido en diciembre de 2011, algo que no se produjo. El Ministerio concedió entonces una primera prórroga, por un año (hasta el 31 de diciembre de 2012); y una segunda, la última, hasta el 30 de junio de 2013. Un mes antes de que acabase este plazo, Volconsa ya entró en el proceso de liquidación. La terminación del edificio precisaba al menos otros siete u ocho meses más. Aquel plazo, como recordó Calvo Sotelo a la delegación municipal, era, en virtud de diferentes leyes, el último, puesto que no se puede conceder prórrogas que superen el 50% del plazo de ejecución proyectado para una obra.
El 31 de agosto de 2013, el Ayuntamiento presentó ante el Ministerio toda la documentación para justificar el dinero invertido, unos 6,2 millones. Según fuentes consultadas, los técnicos del Ministerio revisan esta documentación para verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En la peor de las hipótesis, Industria podría reclamar la totalidad del préstamo de manera inmediata, los 9,7 millones, cantidad a la que se añadirían entre 700.000 euros y 2 millones de euros de intereses de demora. Sin embargo, todo hace indicar que los técnicos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones van a proponer al Ministerio que reclame al Ayuntamiento el reintegro de las cantidades no justificadas en tiempo y forma, lo no invertido, es decir, esos 3,8 millones de euros.
Obras de emergencia
Desde mayo de 2013 el Ayuntamiento ha reclamado con insistencia al Ministerio que ofrezca una solución que permita desbloquear la obra. Ante el ‘silencio’ del Ministerio, en octubre del pasado año, el Gobierno municipal optó por concluir el inmueble con recursos municipales. Pensaba destinar 1,5 millones a unas obras ‘urgentes’, que contemplaban, en síntesis, el cerramiento total del edificio y la instalación de todos los materiales que se encontraban a pie de obra, ya abonados; dejando para una fase posterior los trabajos menos urgentes, como el tabicado interior (pladur) y la instalación eléctrica, entre otras.
Sin embargo, el Gobierno municipal tuvo que dar marcha atrás al conocer el impacto exacto que la financiación de esta obra iba a tener en el Presupuesto y, por tanto, en las arcas municipales. Afrontar la obra implicaba al Ayuntamiento situarse en una situación de «déficit», algo que suponía incumplir la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El Ayuntamiento deberá ahora devolver esos 3,8 millones no gastados, seguir pagando el crédito al Ministerio y buscar fondos, a través de un préstamo con una entidad bancaria, para finalizar la construcción del edificio.
