El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso deberá hacer frente al pago de 154.802 euros, más los intereses legales generados desde julio de 2011, al artista Ramiro Ribas Narvaez por el encargo de una escultura de Carlos III para el municipio.
Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) que desestima el recurso que había presentado el Ayuntamiento a otra del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que condenaba en primera instancia a la corporación.
El fallo del tribunal autonómico, del pasado día 22, es firme y, por lo tanto, no cabe otro recurso ordinario. Además, impone las costas procesales a la parte apelante; es decir, al Ayuntamiento.
La Sala de lo Contencioso del TSJ, al igual que el juzgado, considera probado que el Ayuntamiento del Real Sitio encargó al artista la elaboración de la citada escultura en 2005 y que se contrató en firme, aunque fuera de forma verbal. Así mismo señala que la corporación municipal recibió una maqueta de la obra, introdujo modificaciones a la misma, recibió diversas fotografías del proceso de ejecución e incluso incluyó la factura de este trabajo en el Informe de Tesorería-Intervención dentro de una relación de facturas pendientes de reconocimiento.
“Al verificar” toda esa actuación “también asumió frente al escultor la obligación de pagar dicho encargo”, añade la sentencia.
En otro momento, el TSJ señala que, de no acceder el Ayuntamiento, “se causaría un empobrecimiento injusto al citado escultor por cuanto este ha ejecutado la escultura en los términos en que le fue encargado teniendo que haber verificado unos gastos, un desembolso y una inversión para llevar a cabo la misma”.
Los responsables de la corporación, según la sentencia, se escudan ahora “en causas ajenas a dicho contrato y también ajenas a la voluntad del citado escultor”.
En este sentido, el Ayuntamiento alegó, al apelar la primera sentencia, que no está probado que se encargara la escultura y que Ribas decidió realizar la obra por su cuenta y riesgo “amparándose en meras e infundadas expectativas que se creó por voluntad propia”.
El escultor ha denunciado esta situación en numerosas ocasiones, apelando incluso a personalidades políticas nacionales. El Defensor del Pueblo ya en su informe de 2011 afirmaba que el Ayuntamiento había puesto a Ribas en “una difícil situación económica”.
