La renuncia a la construcción del aparcamiento de Los Tilos, en la ladera del Salón, no saldrá gratis al Ayuntamiento de Segovia. Isolux-Corsán, empresa a la que adjudicó el proyecto en 2008, ya solicitó hace meses, a través de un escrito, la anulación del contrato y su derecho a recibir la correspondiente indemnización, por daños y perjuicios, alegando el incumplimiento de los plazos.
La Comisión informativa de Urbanismo, donde están representados los tres grupos municipales (PSOE, PP e IU), analizó ayer la fórmula para rescindir el contrato del aparcamiento de Los Tilos, que acarrea, de acuerdo con el informe del servicio municipal de Contratación, el pago a la empresa, en concepto de indemnización, de un total de 97.650 euros, además de la devolución de la fianza que depósito en su día, mediante un aval bancario, por importe de 432.354,70 euros.
El Ayuntamiento adjudicó hace más de cuatro años a la empresa Isolux-Corsán, la misma que ejecutó el parking de Padre Claret, la redacción del Plan Especial de Infraestructuras del Aparcamiento de Los Tilos, del proyecto de ejecución, las obras y posterior explotación del parking. Fue el propio alcalde, Pedro Arahuetes, y un representante de la empresa, Fernando Irebarca, quienes firmaron el contrato a principios del mes de julio de 2008; en la confianza de que las obras del aparcamiento, con capacidad para 350 plazas, comenzarían a principios de 2009.
Sin embargo, cuatro años después de aquella firma, el Gobierno municipal ha aceptado la resolución de aquel contrato, apremiado por una empresa que ha agotado ya su paciencia y que es además consciente de que el pacto de gobernabilidad entre Arahuetes y Luis Peñalosa (IU) aparca la ejecución del proyecto, al menos en esta legislatura.
El dictamen aprobado ayer por la Comisión de Urbanismo, y que se someterá a la aprobación del pleno, el próximo viernes, propone la resolución del contrato tras el pago de los 90.000 euros que el contrato fijaba como honorarios profesionales. Como quiera que han pasado más de cuatro años desde la firma del contrato, la obligada actualización eleva esta cantidad a los 97.650 euros.
Más de 300.000 euros
Pese a ser una indemnización nada despreciable para las mermadas arcas municipales, la cantidad que reconoce el Ayuntamiento está muy alejada de la que, según ha podido saber EL ADELANTADO, reclamó Isolux-Corsán, superior a los 300.000 euros.
En el informe de Contratación se establece que la empresa solo tiene derecho a recibir como indemnización la cantidad correspondiente a los honorarios profesionales del contrato, dado que, según se desprende del informe, los retrasos en la tramitación del proyecto han sido ajenos al Ayuntamiento de Segovia. Es más, se indica que la tardanza y el incumplimiento de los plazos son achacables a la Junta de Castilla y León; y, en concreto, a causa de la decisión, adoptada en 2009 por la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, de solicitar a UNESCO, a través de Icomos, un pronunciamiento sobre el Plan Especial de Infraestructuras del Aparcamiento de Los Tilos; un informe que tardó en elaborarse más de tres años.
Ciertamente, Isolux redactó el Plan Especial de Infraestructuras que recibió los informes favorables de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Segovia; de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Urbanismo y de la Comisión de Patrimonio, aunque con la condición de que introdujera las recomendaciones de ICOMOS Internacional.
Sin embargo, este Plan Especial -que necesariamente tendría que ser modificado para recoger las sugerencias de ICOMOS- no ha sido aprobado de forma definitiva ni por el pleno del Ayuntamiento ni por la Junta de Castilla y León; momento en el que, según el informe de Contratación, comenzarían a correr los plazos estipulados en el contrato. En este argumento el Ayuntamiento defiende la cuantía de la indemnización que, a juicio de los técnicos, corresponde abonar a Isolux.
La empresa presentó un primer escrito en el que solicitaba al Ayuntamiento la rescisión del contrato el pasado mes de julio, un año después de que Peñalosa arrancara el compromiso de Arahuetes de renunciar a la infraestructura y de proteger en el planeamiento urbanístico el Paseo del Salón y su ladera. Ante el escrito remitido al Ayuntamiento por parte de la empresa, meses después, el Gobierno municipal pidió a Isolux que ratificara su decisión. La empresa mantuvo su postura y ratificó su deseo de resolver el contrato.
La incógnita por despejar es saber si Isolux se conformará con los 97.650 euros o, en cambio, mantiene su petición inicial de reclamar esos más de 300.000 euros, lo que supondría un duro golpe a la economía del Ayuntamiento. Aunque, en principio, ante la decisión que adoptará el pleno el lunes no cabe ningún recurso, no se puede descartar que Isolux acuda a los tribunales.
