El alcalde, Pedro Arahuetes, ha anunció ayer que el Ayuntamiento cerrará la estación municipal de autobuses a partir del próximo 30 de junio. Arahuetes argumentó que el consistorio no está en disposición de asumir la gestión directa de una instalación que la Dirección General de Transportes de la Junta considera «un aparcamiento de autobuses» y que se encuentra en una situación de «ilegalidad», de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo, que negó la posibilidad de cobrar tasas a las empresas de transporte regular que en ella operan. El alcalde alegó razones de “seguridad y legalidad” que impiden al Ayuntamiento garantizar la subida y bajada de viajeros en unas instalaciones que carecen de la categoría de estación de autobuses.
Arahuetes desveló la decisión, adoptada en junta de Gobierno local, el mismo día en que la gestión de la terminal ha pasado a manos del Ayuntamiento, tras el ‘fiasco’ de su privatización, por la imposibilidad de la concesionaria, la empresa Compañía de Aparcamiento Regulado S.A (CARSA), de cobrar en los últimos siete años las tasas a las empresas de transporte.
El alcalde recordó la sentencia del Tribunal Supremo, dictada el pasado 3 de febrero — en relación a la demanda que presentaron las empresas La Sepulvedana, Garrido, Galo Álvarez y Bermejo— que ratificó que la instalación no tenía la categoría de estación de autobuses y que, en consecuencia, no se podían cobrar tasas a las empresas. El fallo judicial indicó que se estaban prestando servicios en situación «de ilegalidad jurídica» al no tener la condición de estación de autobuses, según subrayó Arahuetes. El alcalde añadió, además, que el informe que la Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento de la Junta aportó a este procedimiento judicial indicaba que el espacio era «una instalación de titularidad municipal destinada a aparcamiento de autobuses».
Que sea un aparcamiento de autobuses, y no una estación, y que la instalación se encuentre en una situación de «ilegalidad declarada según el Supremo”, en palabras del alcalde, «nos ha empujado a actuar» después de un mes en el que «hemos pedido informes y hemos reflexionado», añadió el primer edil.
El informe jurídico solicitado por el Gobierno municipal, a raíz de la sentencia del Supremo, sostiene, que la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, de 1987, establece que los ayuntamientos no tienen la obligación de promover ni de tener una estación de autobuses. «Pueden tener la iniciativa, pero no la obligación de construirlas y explotarlas, que corresponde a las Comunidades Autónomas», explicó Arahuetes, quien recalcó que «no se nos puede obligar [al Ayuntamiento] a explotar, construir o desarrollar ninguna estación de autobuses».
Para afianzar sus argumentos, el alcalde desveló que de las 9 capitales de Castilla y León, en 7 existen estaciones construídas y gestionadas por la Junta y en solo dos casos (Burgos y Segovia) esta tarea es asumida por sus respectivos ayuntamientos. Precisamente ayer comenzó a funcionar la nueva estación de Ávila, que explotará la Junta tras una inversión superior a los 5 millones de euros.
La junta de Gobierno, a propuesta de la Concejalía de Tráfico, acordó ayer comunicar a la Junta que el Ayuntamiento no está en disposición de poder asumir la gestión directa de las actividades que se realizan en la instalación que se ha venido utilizando como «Estación de Transporte de Viajeros» (aparcamiento de autobuses de Segovia, según sentencia del Tribunal Supremo) y consecuentemente, debe proceder a su cierre. Asimismo, el Ayuntamiento de Segovia indica al Gobierno regional que no tiene inconveniente en poner el actual «aparcamiento de autobuses» a disposición de la Junta de Castilla y León, a través de los convenios o fórmulas que se articulen, para que ésta desarrolle las actividades que considere oportunas en relación a la prestación del servicio público que allí se viene prestando, en cuanto administración con competencias en materia de transportes interurbanos.
Asimismo, como alternativa a lo anterior, el Ayuntamiento propone que la Junta de Castilla y León asuma la financiación de las obras oportunas para que la actual instalación de «aparcamiento de autobuses», sea considerada Estación de Transporte de Viajeros, y pueda así este Ayuntamiento hacerse cargo de su gestión.
