El alcalde, Pedro Arahuetes, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento cerrará la estación municipal de autobuses el próximo 1 de julio, en el argumento de que no está en disposición de asumir la gestión directa de una instalación que la Dirección General de Transportes de la Junta considera “un aparcamiento de autobuses” y se encuentra en una situación de “ilegalidad”, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo, que negó la posibilidad de cobrar tasas a las empresas de transporte regular que en ella operan.
Arahuetes ha desvelado la decisión, adoptada en junta de Gobierno local, el mismo día en que la gestión de la terminal ha pasado a manos del Ayuntamiento, tras el ‘fiasco’ de su privatización, por la imposibilidad de la concesionaria de cobrar en los últimos siete años las tasas a las empresas de transporte.
A este respecto, recordó la sentencia del Tribunal Supremo, dictada el pasado 3 de febrero —en relación a la demanda que presentaron las empresas La Sepulvedana, Garrido, Galo Álvarez y Bermejo—que ratificó que la instalación no tenía la categoría de estación de autobuses y que, en consecuencia, no se podían cobrar tasas a las empresas. El fallo judicial indicó que se estaban prestando servicios en situación “de ilegalidad jurídica” al no tener la condición de estación de autobuses, recordó Arahuetes, quien añadió que, por otra parte, el informe que la Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento aportó a este procedimiento judicial apuntó que el espacio era “una instalación de titularidad municipal destinada a aparcamiento de autobuses”.
Que sea un aparcamiento de autobuses, y no una estación, y que la instalación se encuentre en una situación de “ilegalidad”, según el Supremo, en palabras del alcalde, “nos ha empujado a actuar” después de un mes en el que “hemos pedido informes y hemos reflexionado”, añadió Arahuetes.
El informe jurídico solicitado por el Gobierno municipal sostiene, según ha subrayado el alcalde, que la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, de 1987, establece que los ayuntamientos no tienen la obligación de promover ni de tener una estación de autobuses. “Pueden tener la iniciativa, pero no la obligación de construirlas y explotarlas, que corresponde a las Comunidades Autónomas”, recalcó Arahuetes, quien recalcó que “no se puede obligar a explotar, construir o desarrollar ninguna estación de autobuses”.
Para afianzar sus argumentos, el alcalde desveló que de las 9 capitales de Castilla y León, en 7 existen estaciones construídas y gestionadas por la Junta y en solo dos casos (Burgos y Segovia) esta tarea es asumida por sus respectivos ayuntamientos. Precisamente ayer comenzó a funcionar la nueva estación de Ávila, que explotará la Junta tras una inversión superior a los 5 millones de euros.
Tras el anuncio de Arahuetes, el delegado de la Junta, Javier López-Escobar convocó a los medios de comunicación para ofrecer la versión del Gobierno regional. El delegado apuntó que la instalación de Segovia es “una terminal de pasajeros” y admitió que le faltan algunos requisitos para que obtenga la declaración de estación, como unas marquesinas legales, de lo que culpó a la beligerancia del alcalde, “que pactó una cosa con los vecinos y luego hizo otra”. Tras indicar que hace diez años se mantuvieron conversaciones para solucionar de forma definitiva el problema de la estación de autobuses “pero el Ayuntamiento no dio los pasos necesarios”, López-Escobar tildó de “innecesaria e incomprensible” la decisión del Gobierno municipal, que llegó también a calificar como “un chantaje”. El delegado censuró que el Gobierno municipal tome esta decisión cuando ya existe una reunión el 11 de abril y apuntó que si el Ayuntamiento consuma el cierre de la instalación “adoptaremos las medidas de emergencia oportunas para garantizar que este servicio público se preste en las mejores condiciones”.
“Es un chantaje por alguien que ni siquiera espera a una reunión, creo que se quiere poner a los ciudadanos en contra de la Junta y esa no es la solución”, añadió López-Escobar.
