La lucha contra el terrorismo no entiende de treguas ni de legalizadiones. La Guardia Civil detuvo en la madrugada de ayer en Bilbao a cuatro presuntos miembros de ETA que guardaban 200 kilos de explosivos en una lonja, en el que ha sido el golpe más importante contra la organización terrorista desde que declaró el alto el fuego en enero.
Los pistoleros formaban parte de un comando legal -no fichado por la Policía-, y según fuentes oficiales se investiga su participación, aún no se sabe en qué grado, en el asesinato del inspector de Policía Eduardo Puelles, la última víctima mortal de la organización criminal en el País Vasco.
Los arrestados son la pareja formada por Íñigo Zapirain Romano y Beatriz Etxebarria Caballero, a los que se añaden Lorena López Díez -los tres arrestados en Bilbao- y Daniel Pastor Alonso, con domicilio en la capital vizcaína, pero propietario de una bajera en Galdácano donde los guardias civiles hallaron la carga.
Además, se encontraron varias armas -un subfusil y tres pistolas-, material para la fabricación de bombas y tubos de PVC para la construcción de lanzagranadas caseros. También en la vivienda en la que reside en la capital del Botxo la pareja de etarras se hallaron mercancías similares.
Ahora, la Guardia Civil va a examinar el arsenal, como las pistolas, para averiguar más sobre la posible relación de los detenidos con los atentados sin esclarecer ocurridos en el País Vasco y sus «alrededores», según comentó el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Según fuentes de la lucha antiterrorista, los investigadores consideran que este comando podría haber participado en el atentado contra el inspector de Policía Eduardo Puelles, asesinado por ETA el 19 de junio de 2009 en Arrigorriaga (Vizcaya), pero el ministro pidió prudencia a la hora de «poner nombre» a las posibles acciones de este grupo, porque sería «prematuro», ya que las pesquisas solo se encuentran en su fase inicial.
Asimismo, se sospecha de que los arrestados podrían haber participado en ataques en Burgos y Cantabria, ocurridos en la misma época. El más grave destrozó la casa cuartel de la Ciudad del Cid con una furgoneta bomba, causando 65 heridos, el 29 de julio del mismo año, 40 días después del asesinato de Puelles.
El trabajo policial que ha llevado a estas detenciones se inició tras la detención de los presuntos dirigentes de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y su sucesor Mikel Carrera, Ata.
Con estos cuatro arrestos, las fuerzas de seguridad han detenido a 21 personas presuntamente relacionadas con la banda en lo que va de año y desde que, el 10 de enero, la banda hiciese público su último comunicado en el que declaraba un alto el fuego de carácter general. Habrá que ver ahora si opinará públicamente al respecto.
Quienes no lo han hecho han sido los miembros de Sortu -lo cual puede jugar en su contra-, así como los partidos firmantes del acuerdo de Gernica (EA, Aralar, izquierda abertzale y Alternatiba).
Se da la circunstancia de que en la ciudad donde se ha llevado a cabo el grueso de esta operación es donde se presentó la nueva marca de Batasuna el pasado 7 de febrero, y donde, en julio del año pasado, ésta y Eusko Alkartasuna sellaron una alianza que puede ser el plan B del brazo político de ETA si no logra colarse en las elecciones del próximo 22 de mayo.
«Esta intervención es la prueba de que la política antiterrorista del Gobierno no ha variado ni una coma, porque ETA no ha abandonado la violencia ni ha dicho adiós a las armas y mientras no lo haga, la Policía y la Guardia Civil seguirán deteniendo uno tras otro a sus miembros hasta que esto acabe definitivamente», manifestó Rubalcaba.
Para Mariano Rajoy, presidente del PP, «la operación contra ETA es una excelente noticia que demuestra que el camino a seguir es el de la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y el de evitar que el entorno etarra participe en las próximas elecciones».
Desde el PNV, su número uno, Íñigo Urkullu, se dirigió a la banda: «Le pedimos un único esfuerzo: que cese definitivamente».
Mientras, la lucha contra los criminales continúa en el terreno legal. Así, fuentes de la Fiscalía anunciaron que presentará ante el Supremo al inicio de la próxima semana su demanda contra la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos. Esto significa que el Ministerio Público no agotará el plazo de 20 días que tenía para realizar este trámite, y que finaliza el 11 de marzo.
Precisamente ayer llegaron los últimos informes realizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre esta nueva aventura de los abertzales, que vienen a sumarse a los que se han venido recibiendo las últimas semanas, y que concluyen que la nueva formación «es una continuación de Batasuna», que fue declarada proscrita por el Alto Tribunal en marzo de 2003.
