Agua no potable”. Así reza un sencillo cartel colocado en la fuente que se encuentra a la entrada de la iglesia de San Nicolás de Bari, en Escobar de Polendos. A su lado, en un minúsculo jardín, varios jubilados comentan la que es la noticia del verano en el pueblo. “Ya ni podemos beber el agua del grifo, ¡qué pena!”, afirma uno de ellos, en tono lastimero. La escena no es exclusiva de Escobar. Podría repetirse en muchos otros pueblos de la provincia. El problema del arsénico sigue extendiéndose…
Agosto está siendo, en ese sentido, un mes especialmente duro. El día 2, la alcaldesa de Sauquillo de Cabezas, María del Carmen Bermejo, firmó un bando en el que declaraba el agua “no apta para el consumo”. Y pocos días después era el regidor de Escobar de Polendos, Jaime Aragón, quien colocaba en el tablón de anuncios un texto advirtiendo al vecindario de la nueva situación. “Los análisis de agua (…) han dado un nivel de arsénico superior al permitido. Es por ello que, hasta un nuevo comunicado, la población debe de utilizar agua mineral para beber”, señalaba el texto. La entrada de Escobar en la “lista negra” ha arrastrado también a Villovela de Pirón, Pinillos de Polendos y Peñasrrubias de Pirón, pueblos que se suministraban del mismo sondeo.
A fecha de hoy, los vecinos de una veintena de poblaciones segovianas no pueden beber del grifo, por sus altos índices de arsénico o, en menor medida, nitratos. El problema afecta a cerca de 6.000 segovianos y, según los expertos consultados por esta Redacción, la situación se agravará en los próximos años. La comarca conocida como “Segovia Centro” es la que tiene “más peligro”.
A la espera de encontrar una solución definitiva al problema, la primera medida que suelen tomar los pueblos que descubren altos índices de arsénico o nitratos en sus aguas es la de adquirir agua embotellada, para su posterior reparto. En la mayoría de los casos, los ayuntamientos cobran a los vecinos una cantidad simbólica, que no cubre el coste del agua. Pero esta medida ha acabado por generar dificultades económicas a los municipios, que inicialmente son los que deben abonar el pago de las facturas del agua, aunque (hasta ahora) recibían después una subvención. “Todos los meses el Ayuntamiento se gasta casi 7.000 euros, y esa situación no es sostenible”, declara el alcalde de Sanchonuño, Carlos Fuentes.
En los últimos años, el agua embotellada que se repartía en los ‘pueblos del arsénico’ se costeaba, en un 75%, con fondos del “Convenio de Sequía”. Sin embargo, este año todavía no se ha firmado ese convenio, lo que hace dudar a los alcaldes de los pueblos afectados de que puedan contar con alguna subvención. “La Junta, que es la administración competente, tiene que mover ficha ya; no puede estar más tiempo sin firmar el Convenio de Sequía”, reclama un alcalde, cuya identidad prefiere no revelar.
En esta tesitura, un grupo de regidores acudirá en las próximas semanas a la Diputación, a solicitar su “auxilio”, con la intención de que adelante el dinero para pagar el agua, “como ocurre en Ávila”, y que luego los ayuntamientos abonen a esa institución el porcentaje que se negocie.
Aceptación general del problema
En general, los vecinos de los pueblos afectados aceptan el problema. “Hasta la fecha, la gente no ha puesto muchas pegas”, dice el alcalde de Escobar, Jaime Aragón que, de momento, no adquirirá agua embotellada, pues cree que tras el verano “el arsénico volverá a niveles permitidos”. “Aquí —en Sauquillo de Cabezas—, la gente no se lo ha tomado muy mal; muchos dicen que seguirán bebiendo agua del grifo porque siempre ha sido buena”, señala la regidora, María del Carmen Bermejo. No obstante, ella ya ha hecho gestiones para adquirir un cargamento de agua.
