Los ciudadanos, asociaciones y colectivos de Castilla y León podrán presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en las Cortes autonómicas con un 1 por ciento de firmas de los electores del censo de la Comunidad y defenderla ante el pleno de la Cámara, según el acuerdo que han cerrado ya los grupos Popular, Socialista y Mixto en la negociación que mantienen para impulsar la apertura del Parlamento.
Los grupos tienen previsto presentar la proposición de ley de modificación de esta normativa el martes, según confirmaron fuentes de los tres grupos parlamentarios. Uno de los cambios más relevantes afecta a la flexibilización del número de firmas para la presentación de una ILP, que actualmente exige un mínimo de 25.000 electores correspondientes a la mayoría de las provincias de Castilla y León que representen en cada una de ellos el 1 por ciento del censo provincial. La modificación elimina el número de firmas y se deja sólo el porcentaje. De manera que la disminución puede suponer un 20 por ciento, unas 4.000 firmas menos, según los ponentes.
Otra novedad abre la posibilidad de que los promotores de una iniciativa puedan exponer sus argumentos y defenderla ante el pleno de las Cortes, no como ahora que esa labor corresponde a los grupos políticos. Además, los firmantes podrán canalizar su propuesta en petición a la Cámara, en caso de que no fuera admitida por la Mesa de la asamblea legislativa. Igualmente, se acepta la firma electrónica para la adhesión a una iniciativa y se amplía de seis a nueve meses el plazo para la presentación de firmas por parte de la Comisión Promotora.
Con estos cambios, algunos de los consultados entienden que se incentiva la presencia directa de los ciudadanos en la Cámara con asuntos que pueden haber pasado desapercibidos para los parlamentarios. Desde que se aprobó la ley reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, en julio de 2001, en el pleno de las Cortes sólo se ha debatido una propuesta ciudadana. Fue en diciembre de 2008, cuando el plenario acordó la regulación de una red de apoyo a la mujer embarazada, iniciativa que sus promotores y el PP, que la defendió en nombre de éstos, calificaron de histórica.
En mayo de 2011 llegó otra iniciativa pero no pasó el veto de la Mesa de las Cortes, que no admitió a trámite la misma porque entre los promotores no había al menos cinco castellanos y leoneses.
La participación y transparencia que demandan los ciudadanos llevó al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a expresar su voluntad, durante su discurso de investidura del pasado junio, de impulsar con consenso reformas legales y reglamentarias para conseguir que «los ciudadanos se sientan mejor representados y puedan tener una participación directa en la Cámara».
Para ello, propuso la constitución de un grupo de trabajo y planteó cuatro posibles materias, en las que se trabaja desde septiembre, cuya creación formal solicitó el Grupo Popular. Siete procuradores trabajan en estas materias, que tienen como portavoces a Juan José Sanz Vitorio (PP), Ana Redondo (PSOE) y José María González (IU).
