El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, se desmarcó ayer del conflicto laboral que se vive en el seno de la empresa FCC, adjudicataria de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria en la capital, que podría derivar en una huelga indefinida a partir del día 4 de octubre. En rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, el alcalde aseguró que los posibles despidos “son algo entre la empresa y sus trabajadores” y que mientras se cumpla el contrato y se presten los servicios acordados, el Ayuntamiento “no tiene nada que decir”.
“El Ayuntamiento tiene que actuar con arreglo a la ley; el derecho a la huelga es constitucional y no podemos inmiscuirnos, aunque sí vigilaremos el cumplimiento de los servicios mínimos [durante la anunciada huelga], bien los que pacten empresa y trabajadores, bien los que ponga el Ayuntamiento”, afirmó.
Arahuetes continuó sosteniendo que si durante esa posible huelga “hay servicios que no se dan, el Ayuntamiento no los pagaría”. Por lo demás se limitó a subrayar que desde la Administración municipal, “estaremos pendientes e invitamos a las partes al diálogo; deseamos que haya un acuerdo antes del 4 de octubre, pero éste es un tema entre la empresa y sus trabajadores”.
En cuanto a la posibilidad de que, con los despidos previstos, la empresa no pueda dar los servicios comprometidos en el contrato, el alcalde señaló que se trata de “meras especulaciones que no podemos juzgar a priori”. “Mientras se den todos los servicios, que haya cien trabajadores o 50 es un asunto de organización de la empresa y nosotros no tenemos nada que decir”, mantuvo.
El plan de reestructuración anunciado por FCC a los trabajadores, que se aplicaría desde el 8 de octubre, contempla el despido de entre 20 y 22 trabajadores de jornada completa. La empresa quiere reducir sus gastos un 30% y plasmar la medida en el marco del nuevo convenio colectivo, tras expirar el anterior, en diciembre del año pasado.
