El alcalde de Sepúlveda, el socialista Ramón López, aseguró ayer que la extracción de la lápida situada en la fachada del antiguo colegio ‘Virgen de la Peña’, en la que figuraban el escudo de España durante el franquismo y la leyenda ‘Grupo Escolar Pascual Marín Pérez’, resultaba “imposible”, por lo que, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, decidió su destrucción, una labor de la que se encargó un operario municipal, utilizando cincel y martillo.
El regidor reveló que previamente había barajado la posibilidad de, si era posible su extracción, proceder a la subasta de la obra o a su almacenamiento en alguna dependencia municipal hasta decidir a qué museo se podía enviar. Pero, dado que “no se podía sacar”, finalmente optó por su rotura.
La lápida permanecía colocada en el inmueble desde que el centro educativo pasó a denominarse Pascual Marín Pérez, gobernador civil de Segovia entre1950 y 1958.
En las ya delicadas relaciones entre los dos socios del gobierno del Ayuntamiento de Sepúlveda (PSOE y PP), la determinación de López fue la gota que colmó el vaso. La portavoz popular, Raquel Sanz, señaló, en su perfil de Facebook, que el PP “no ha tenido nada que ver con esta decisión”, sosteniendo que la misma fue “tomada, de forma unilateral, por el alcalde”, y sin consultar con el partido con el que mantenía un acuerdo de gobierno.
En vista de la polémica suscitada en la villa por la destrucción de la lápida, el PP sepulvedano, también en Facebook, publicó un post donde se mostraba “completamente de acuerdo” en el cumplimiento de ley pero su oposición a “cómo se ha llevado a cabo” el asunto. Para los populares, López actuó “de forma autoritaria y casi caciquista, sin consultar al resto de concejales del Gobierno”. “No solo nos sentimos ofendidos como sepulvedanos por destrozar nuestro patrimonio, también como concejales en el Gobierno a los que su alcalde no consulta las decisiones que toma”, agregan. Para acabar, los populares preguntan a López si tiene el mismo interés en cumplir la Ley de Memoria Histórica que la de Patrimonio, dejando entrever que la destrucción de la lápida podría tener consecuencias legales.
En relación al monumento a los caídos de Falange existente en el cementerio de Sepúlveda, otro de los vestigios franquistas de la villa, el alcalde reconoció que aunque el camposanto es propiedad municipal, desde el Ayuntamiento se entiende que la responsabilidad sobre tal mausoleo recae sobre los familiares de los enterrados, por lo que deberán ser estos quienes decidan su eliminación, exponiéndose a incumplir la ley si no lo hacen.
