El comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal , José Luis Olivera, manifestó ayer ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que el juez Baltasar Garzón les comunicó que el derecho de defensa «debía prevalecer sobre cualquier cosa» cuando intervinieron las conversaciones en prisión de los cabecillas del caso Gürtel con sus abogados.
El agente compareció como testigo de la defensa durante la segunda jornada del juicio que se celebra contra el magistrado por supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales por haber ordenado dichas intervenciones, unos hechos por los que se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta 17 años.
Olivera recordó, además, que los investigadores detectaron desde el primer momento que los integrantes de la red delictiva se dedicaban indiciariamente al «blanqueo puro y duro» y añadió que las actuaciones delictivas de la trama continuaron tras la detención de su líder Francisco Correa y el testaferro Antoine Sánchez.
Asimismo, el abogado defensor de Garzón inquirió al agente si el auto del juez disponía «expresamente» sobre la prevención de que las comunicaciones no fueran escuchadas por los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. «Efectivamente, lo hacía constar», reconoció el testigo.
Otra de las personas que compareció ante el Tribunal fue Vicente Maroto, funcionario del Juzgado de Instrucción número 5 y encargado casi en exclusiva de la tramitación del caso Gürtel durante los meses en el que fue competencia de Baltasar Garzón, que subrayó que fue la fiscal Anticorrupción Myriam Segura quien animó al juez a «hacer algo» en relación con las visitas que los imputados recibían en la cárcel», y la necesidad de evitar que se organizara el blanqueo desde la cárcel.
Además, el testigo aseguró que, anteriormente, ya había escuchado de boca de uno de los inspectores que investigaba la trama, en alusión a los imputados, que «esa gente estaba moviendo el dinero desde la cárcel».
Al concluir la tercera jornada del juicio, las tres acusaciones personadas en la causa contra Garzón elevaron a definitivas sus peticiones de inhabilitación para el magistrado. Así, el ex fiscal Ignacio Peláez insistió en su petición de pena de 10 años para el juez, mientras que el abogado del presunto cabecilla de Gürtel Francisco Correa solicitó 15 años de por prevaricación y otros dos por el delito contra las garantías constitucionales. Asimismo, el letrado Pablo Rodríguez Mourullo, en representación del también imputado en la trama Pedro Crespo, elevó a definitiva su petición de 15 años de inhabilitación.
Por su parte, tanto el fiscal Antolín Herrero como el abogado de Garzón, solicitaron la libre absolución del magistrado.
La vista proseguirá mañana y es previsible que, tras oír la última intervención de Garzón, el juicio quede visto para sentencia.
