El alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, desveló que ha recibido una carta del propietario en la que sitúa sus pretensiones económicas en 2,2 millones de euros netos, cifra que, según explicó Arahuetes, podría alcanzar los cuatro millones en total.
El pleno aprobó, con la abstención del PP y los votos favorables del PSOE de Izquierda Unida, una moción de IU en la que se insta al Ayuntamiento a emprender negociaciones con la propiedad, además de pedir a la comisión de Patrimonio que reconsidere sus decisiones sobre este tema y pedir un informe sobre el edificio a la Unesco.
El alcalde, Pedro Arahuetes, culpó de la situación a la Junta de Castilla y León, «porque fue el informe preceptivo y vinculante de la comisión de Patrimonio el que obligó al Ayuntamiento a dar la licencia», y afirmó de manera categórica que hará cuanto esté en su mano para que este asunto «no le cueste ni un euro a las arcas municipales».
