Los municipios de Ávila, León, Salamanca y Zamora recibirán 72 millones, el 58 por ciento, de los 125 millones que están en los presupuestos de este año para el Plan de Convergencia, cuyo reparto, que será aprobado «lo antes posible» por la Junta, mediante decreto ley, se convierte en un ‘plan especial de empleo’. La distribución del fondo, pactado por PP y PSOE en el seno de la mesa del pacto anticrisis, se conoció ayer en la Comisión General de Coordinación Territorial, en la que participaron los nueve delegados territoriales de la Junta, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la de Hacienda, Pilar del Olmo.
Cada uno de los 2.233 municipios de menos de 20.000 habitantes, que suman una población de 1.255.779 y tienen 75.629 parados, recibirá 100 euros por habitante, que se multiplicará por cinco en el caso de cada parado. Así, la localidad de Benavente (Zamora), con 19.000 habitantes y 1.693 parados, tendrá el importe máximo, 1,8 millones. En el caso contrario, está Estepa de San Juan (Soria), que, con nueve habitantes y ninguno en paro, sólo le llegará 649,75 euros.
De Santiago-Juárez y Del Olmo subrayaron que en el reparto se mantiene el objetivo de convergencia del plan, dado que más de la mitad del mismo se asigna al Oeste de Castilla y León, que es la zona menos desarrollada y dinámica. El Plan de Convergencia se ha convertido en un ‘plan especial de empleo’ y con este dinero se pretende que trabajen el mayor número de las personas que ahora están en paro, explicó la consejera de Hacienda.
Además, rechazaron que este plan sea un ‘Plan E’ a escala autonómica, como sugieren los socialistas, puesto que se destinan fondos a las diputaciones, no va a todos los municipios, sino a los menores de 20.000 habitantes, y se nutren en mayor medida las localidades con más parados. Tampoco habrá dinero para carteles que anuncien quién hace las obras, dijo de Santiago-Juárez.
La Junta estima que se crearán 15.000 empleos, lo que supondrá multiplicar por tres los nuevos puestos de trabajos, en sectores, principalmente, del turismo, patrimonio, cuidado del medio ambiente y servicios sociales, sin descartar otras áreas que decidan los ayuntamientos, que van a ser quienes contraten a los parados. Del Olmo precisó que con el ‘Plan E’, según el Gobierno, se han creado 92.017 empleos, de los que 5.500 corresponderían a la región.
De los 125 millones, 112 se reparte entre los municipios de menos de 20.000 habitantes y 12 millones, el 10 por ciento, entre las nueve diputaciones. El grueso, 72 millones, el 60 por ciento, tiene que ir a la contratación de personas en paro y no tienen ninguna prestación. Otra de las líneas habilita a los ayuntamientos a utilizar un máximo del diez por ciento para el pago de facturas pendientes con empresas y proveedores.
El decreto ley se aprobará en Consejo de Gobierno cuando tenga los informes del Consejo Económico y Social y Consejo Consultivo. Una vez aprobado será efectivo para los ayuntamientos, aunque en un mes el decreto ley deberá ser convalidado por las Cortes. «Es la norma con rango de ley más rápida para que el dinero llegue lo antes posible», dijo Del Olmo.
