El acusado Tomás Pardo, conocido como ‘el violador de Martorell’ (Barcelona), reconoció ayer “todos los hechos” que se le imputaban en el juicio en la Audiencia de Barcelona: aprovechar un permiso penitenciario para secuestrar, violar y apuñalar a una mujer, a la que arrojó en un barranco y la tapó con tierra y hojas pensando que la había matado en Castellbisbal (Barcelona) el 29 de octubre de 2016.
Tras la vista oral ante la Sección 7, la abogada de Pardo, Gemma Monera, explicó en declaraciones a los periodistas que se practicó la “prueba mínima para poder pasar la sentencia” y que hubo la declaración de la víctima, pruebas periciales e informes policiales.
Aseguró que Pardo “es una persona que está arrepentida” y que no quería defenderse de las acusaciones en el juicio, sino que quería que pasara rápido y que se conformará con las penas que le imponga la sentencia.
La petición de pena de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima se mantuvo en 70 años de cárcel por delitos de detención ilegal, delito de asesinato en grado de tentativa, delito continuado de agresión sexual y robo con intimidación.
indemnización
Además, mientras que la fiscal pide una indemnización de 70.000 euros por las lesiones y secuelas, la acusación particular elevó su solicitud a 1,1 millones de euros.
El abogado de la víctima, Mariano Marin, detalló que a través de la vía contenciosa administrativa también dirigirán su reclamación de responsabilidad civil a la compañía que aseguraba la Conselleria de Interior y la Conselleria de Justicia de la Generalitat al entender que si Pardo estaba en prisión por hechos similares “obviamente habían fallado los mecanismos de control para comprobar si esta persona estaba en condiciones o no” de recibir un permiso penitenciario.
Lamentó que la necesidad de acudir primero a la vía penal y después a la contenciosa administrativa supone para la víctima “un plus de perjuicios y angustia” al no poder desconectar de los hechos.
Pardo estaba interno en el Centro Penitenciario de Ponent (Lleida) condenado a 26 años de cárcel por una anterior violación a otra mujer en 2002 en una zona boscosa entre Martorell y Castellbisbal, la misma área donde ocurrió la violación de 2016, y tenía un permiso penitenciario de tres días.
