Es evidente que la palabra tiene un poder inherente a su propio significado. El silencio que ocupa el espacio de la verdad, inicia un proceso de manifestación que comienza por la vibración sonora emanada de una idea y representada por una palabra a la que esta idea queda asociada indisolublemente. De este modo, el lenguaje es el dibujo sonoro que se crea por el discurrir mental, que limita individualmente aquella inicial realidad infinita. Por ello, la palabra siempre es fruto de una limitación primordial.
Muy al contrario de lo que ocurre con el silencio, la palabra puede mentir, manipular, tergiversar, alabar o insultar. Cuando en un momento se ha verbalizado que, una determinada palabra no tiene cabida bajo el amparo constitucional y seguidamente se pasa a decir lo contrario, la única opción que cabe consiste en cambiarla por otra. Y cuando la palabra, indisolublemente asociada a la idea de ‘amnistía’ se cambia por la frase ‘alivio penal’, sencillamente se está insultando a la inteligencia del interlocutor hacia el que se dirige el discurso.
Quizá lo más interesante del ejercicio de abogar (en estos momentos en los que la justicia de a pie se diluye por los insondables vericuetos de la burocracia y en sus altas esferas en el perenne ataque a su independencia) sea precisamente sumergirse en las diferentes interpretaciones que pudieran caber en el significado de las palabras que conforman la ley, en beneficio de aquel por quien se aboga.
Cuando una mente se ofusca por una idea recurrente e irracional, como pudiera ser el logro de un poder absoluto por encima de la propia ley, sólo caben dos caminos: la imposición o la manipulación. Y así se escribe la historia. Una ‘historia’ que no comparte ni siquiera una letra con la palabra ‘Verdad’.
Analizando la idea del inconsciente colectivo y el verdadero significado de la palabra “amnistía”, nos encontramos ante “el olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Ello supone el “perdón del delito como si éste no hubiera ocurrido jamás”. Difiere totalmente del indulto, ya que éste se utiliza sobre la persona (que sigue siendo culpable) mientras que aquella se aplica sobe el propio delito (que pasa a ser borrado para siempre de la realidad acontecida). Por ello, el pretendido impacto en la concurrencia del cambio de palaba para provocar una modificación de su idea, resulta una burda manipulación sin efecto, por el calado de su propia estupidez.
Jugando las cartas con las que disponemos (la ley vigente) y no con las de nos podría gustar más o menos disponer, resulta indiscutible desde un punto de vista jurídico, que la forma de nuestro Estado es una monarquía parlamentaria (art. 1.3) fundamentada en la indisoluble unidad de la nación (art. 2). Los actos realizados por el Jefe del Estado, en el ejercicio de sus funciones, gozan de inviolabilidad y carecen de responsabilidad (art. 56). Entre sus funciones fundamentales, destacamos aquí: La primera y fundamental, guardar y hacer guardar la Constitución (art. 61). Seguidamente, sancionar y promulgar las leyes, proponer el candidato a Presidente del Gobierno y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, sin poder, en ningún caso, autorizar indultos generales (art. 62). Es cierto que no existe una limitación específica sobre su derecho de amnistiar, pero no es menos cierto que si ha quedado limitado el derecho de gracia al ámbito individual, no tiene cabida no solo el indulto general sino, con mayor motivo, una amnistía, que supone una acción más amplia. Y es que “cuando se limita lo menos, queda implícitamente limitado lo más”.
La amnistía se refiere a una acción graciable cuando concurre un cambio de régimen que conlleva una modificación de la propia Constitución. Y por ello, esa Constitución, no puede regularla expresamente, porque no cabe en ella.
Se utilizó, por ejemplo, en el paso de una dictadura a una (aunque sea ficticia) democracia. Quizá calzar con el calzador del ‘alivio penal’ el mantenimiento de esa supuesta democracia existente, no sea más que una maniobra para ocultar el paso del actual Régimen (nos guste no no) a una dictadura.
El caso es que la palabra manipulada por unos medios regados de subvenciones que, en algún caso, subsisten debido a ellas, centran el debate en justificar lo insostenible y calan el caldo de cultivo de la opinión pública con mensajes subliminales que ponen en duda las funciones del Jefe del Estado. No es cierto en absoluto que el Rey tenga la obligación de firmar cuanto le ponen por delante si ello atenta frontalmente con la norma magna que está obligado a hacer cumplir. Tampoco es cierto que tenga la obligación de proponer a un candidato cuando la certeza de los apoyos que éste dice tener, se sustentan exclusivamente en la palabra de quien lo alega (ni junts, ni bildu se lo han confirmado directamente).
Lo cierto es que, al Jefe del Estado del Régimen en el que nos encontramos, se le presenta un ‘papelón’. Su cargo se sustenta sobre el poder de la palabra que un día dio para acceder al mismo. Es cierto que su acción está exenta de responsabilidad, ya que su palabra queda refrendada y su responsabilidad asumida por quien refrenda. Pero no es menos cierto que su actuación, sea cual sea, traerá la consecuencia de una confrontación directa con aquellos a quien no guste. Y eso no resulta agradable. Y es que, en los momentos complicados, uno suele encontrarse solo, tal y como vino al mundo y tal y como se irá de él.
Quizá a estas alturas aun quede alguien que crea que, quien ahora dirige otro de los poderes del Estado, el Gobierno, actúa por el bien general en lugar de por su propio asiento. Ya se ha quitado de en medio (vulnerando el procedimiento legalmente establecido) a Nicolás Redondo por su disentimiento. ¿Será capaz de hacer lo mismo con Felipe González, Alfonso Guerra y los demás que no comparten su opinión? Sinceramente, no lo creo. Lo cierto es que la trama de esta historieta que afectará a nuestras vidas, está entrando en su punto más interesante.
