El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CRACyL), presidido por el segoviano Julio Sanz Orejudo, denuncia que la escasez de equipos psicosociales en la comunidad provoca retrasos de hasta un año en los asuntos de familia que requieren informes elaborados por este servicio, compuesto por psicólogos y trabajadores sociales. Ante esa denuncia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), cuyo titular es el también segoviano José Luis Concepción, ha reclamado al Ministerio de Justicia que dote a los órganos jurisdiccionales, de equipos psicosociales suficientes para atender la demanda que generan los procesos de familia con menores. En Segovia, el retraso medio de esos informes supera los seis meses. La provincia cuenta con un equipo, pero hace meses que el psicólogo está de baja, lo que ralentiza más aún la emisión de los informes. Desde el Colegio de Abogados de Segovia se exige la creación de un segundo equipo en la provincia.
Este fue uno de los asuntos tratados ayer en Segovia en la reunión de la Comisión Mixta formada por miembros de ambos órganos, en la que se analizó la situación de la justicia en la comunidad. En concreto, en la provincia de Segovia, Julio Sanz Orejudo, insistió una vez más en la necesidad de un juzgado de lo penal más. “La verdad es que en Segovia no estamos tan mal, si comparamos con el territorio nacional, pero no por ello debemos dejar de ser exigentes y reivindicar para que las cosas funcionen, porque son los ciudadanos los que sufren los retrasos en temas tan sensibles como las custodias de sus hijos o las adopciones”, explicó.
Por su parte, el presidente del TSJCyL considera que en Castilla y León “vivimos en un cierto oasis dentro del territorio nacional en lo que se refiere al funcionamiento de la administración de justicia”. “Creo que el funcionamiento de los órganos judiciales puede calificarse de óptimo”, afirmó José Luis Concepción.
También se trató en la reunión celebrada en el Colegio de Abogados de Segovia la carencias que sufren las oficinas de atención a las víctimas de un delito. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas son un equipo multidisciplinar de atención a las necesidades de la víctima, de carácter público y gratuito, implantado por el Ministerio de Justicia de acuerdo con la Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. La aprobación de la ley, en abril de 2015, del Estatuto de la víctima del delito, supuso el establecimiento de la normativa reguladora de referencia para esas oficinas. Han pasado tres años y jueces y abogados critican que el apoyo presupuestario a esa norma ha sido cero. “Llevamos tres años peleándonos con el Ministerio de Justicia para que la Oficina de Atención a las Víctimas en el Tribunal Superior de Justicia sea una realidad, para que se cree una oficina con la importancia suficiente, que coordine las existentes en todas las provincias, y estén dotadas de los medios necesarios e imprescindibles para que el auxilio a la víctima no sea una mera ilusión”, señaló Concepción.
El presidente del TSJCyL destacó que en su tribunal se ha conseguido que se destinen unas dependencias con los medios materiales que exige la ley, como un circuito de videoconferencia para que la víctima pueda declarar sin tener contacto con el acusado, a oficina de atención a la víctima. Pero añadió, que “faltan otras muchas cosas que establece la ley, como el apoyo psicológico, medios personales como un trabajador social que apoye a la víctima, un convenio con alguna organización que procure el mecanismo de la justicia restaurativa que prevé la ley de 2015; en fin, todos los requisitos que el legislador ha previsto para que la víctima de un delito esté verdaderamente protegida, y eso tres años y medio después, no se ha conseguido”.
