“¡La función pública en Castilla y león está muerta, asesinada!”, de esta forma analizaba ayer el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en las Cortes, José Francisco Martín, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que declara nulo de pleno derecho su “piedra angular”, el catálogo de puestos tipo aprobado en 2017 y que, según denuncia el socialista, es de “gravísimas consecuencias” para todos los empleados públicos.
El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, estima así la demanda interpuesta por los funcionarios de la escala de seguridad e higiene en el trabajo que, fundamentalmente, había impugnado dicho catálogo al considerar que debía de haberse tramitado como una disposición general, en lugar de como un acuerdo; ante la ausencia de negociación colectiva, y por carecer de motivación que justificase la atribución de determinado nivel de complemento de destino y el establecimiento de complemento específico.
El efecto de esta sentencia, “demoledora, el mayor varapalo para la Junta en materia de función pública”, como así advirtió Martín, es que queda anulado el catálogo, la “piedra angular” que la sostenía y que ahora cae “en efecto dominó”, con lo que igualmente se convierten en papel mojado las relaciones de puestos de trabajo, los concursos (de méritos, permanentes y abiertos), y también podrían anularse las ofertas públicas de empleo “y qué decir de la carrera y la estabilización profesional”.
En el capítulo de responsabilidades, Martín carga sus baterías contra los que tilda como los cuatro “asesinos de la función pública”, en primer lugar el que fuera consejero Alfonso Fernández Mañueco entre 2003 y 2007; “su mano derecha” Isabel Alonso (2007-2011); la consejera Pilar del Olmo (2011-2015) y el hoy vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, por su labor entre 2015 y el momento actual.
“Cuatro magníficos gestores que han asesinado a la función pública en Castilla y León, el último, el gran matador, De Santiago-Juárez, al que se recordará por otros fiascos como la Agenda de la Población, la Ordenación del Territorio y ahora el asesinato de la función pública”, añadió el socialista, quien atribuye como “único mérito” al citado consejero la prohibición del Toro de la Vega.
El resultado de la sentencia del TSJCyL afectaría gravemente a los empleados públicos de la Junta, “ya que su puesto está basado en un catálogo nulo de pleno derecho, pero también a aquellos que están concursando y a los que han sacado plaza puesto que ésta ya no existe”.
Pero además, el portavoz de Hacienda socialista ha ido todavía más allá y sostiene que la elaboración del catálogo de puestos tipo, en total 81, que el TSJCyL considera no justificados, constituye una «venganza personal» contra él, al quedar excluida la categoría de inspector de Hacienda.
