El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ha planteado al Tribunal Supremo una cuestión de competencia jurisdiccional en el caso de extorsión sexual a través de una página web de contactos, destapada en febrero de 2019 en Teruel, para que este sea juzgado en la Audiencia Nacional dado el elevado número de afectados en todo el país, entre ellos algunos de la provincia de Segovia.
Ante el gran número de perjudicados, el magistrado remitió la causa a la Audiencia Nacional, tribunal que argumentó no ser competente porque no quedaba acreditada la existencia de una generalidad de personas, en el sentido de una pluralidad importante de sujetos pasivos afectados.
Sin embargo, a raíz del resultado de las investigaciones judiciales realizadas hasta el momento, el juez instructor, Jerónimo Cano, remitió el pasado 3 de diciembre de 2019 un escrito condensando en trece folios las cuestiones principales de la causa sobre la que todavía rige el secreto de actuaciones, según ha informado el diario El País y ha recogido la agencia EFE.
En ese escrito plantea la cuestión de competencia basándose también en los informes de la policía judicial según los cuales existirían un total aproximado de 4.000 potenciales perjudicados de 24 provincias, y de los cuales más de 200 podrían haber efectuado ingresos en las cuentas de los investigados.
La causa continúa bajo secreto de actuaciones y recoge la presunta comisión de delitos de extorsión, amenazas graves de muerte, contra la intimidad de las personas, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo u organización criminal.
El sumario, con más de 25 tomos instruidos hasta el momento, incluye una treintena de denunciados, entre ellos el futbolista del Levante Toño García Aranda, así como a los dos presuntos cabecillas, Ismael B., alias Salva, y Massimina F., alias Erik, según ha informado EFE.
Operación de la Guardia Civil
La Guardia Civil informó el pasado 4 de marzo que, en el marco de la Operación Lubido-Hezurra, había desarticulado una organización delictiva dedicada a extorsión, amenazas, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, usurpación de estado civil y falsificación de documentos.
Hasta ese momento habían sido detenidas 14 personas y otras 5 estaban siendo investigadas. Además, se bloquearon 51 cuentas bancarias y se intervinieron 13 vehículos y 10.000€ en efectivo.
Los investigadores de la Guardia Civil acreditaron alrededor de 40 extorsionados con los que el grupo criminal había obtenido de forma ilícita unos 500.000 euros.
Había localizado entonces víctimas en Teruel, Huesca, Zaragoza, Álava, Navarra, Castellón, Valencia, Salamanca, Murcia, Toledo, Jaén, Huelva, Albacete, Cantabria, Alicante, A Coruña, León y Segovia.
Anuncios de contactos
La operación se había iniciado en el mes de marzo de 2018, tras recibir la Guardia Civil varias denuncias de personas que habían conectado con mujeres que ofrecían servicios sexuales a través de una conocida página web de contactos.
Las citas nunca se produjeron pero a raíz de esos contactos las víctimas recibían multitud de llamadas y mensajes desde aplicaciones de mensajería instantánea, en los que varias personas les exigían grandes cantidades de dinero, bajo coacciones y amenazas de difundir estos encuentros a sus parejas o familiares. En alguna ocasión las víctimas llegaron a ser amenazadas de muerte.
Todos los detenidos estaban afincados en la provincia de Valencia, aunque esta organización tenía una estructura jerarquizada y compleja en la que cada miembro cumplía con un papel específico dentro de ella pudiendo así operar a nivel nacional.
Los cabecillas de la organización eran los encargados de realizar las extorsiones. Para ello, a través de la web de contactos, publicaban anuncios de forma masiva, en diferentes provincias de España y una vez que las víctimas establecían contacto, realizaban las extorsiones y amenazas ya citadas. En ese momento entraban en acción las «mulas», personas que, ofreciendo su cuenta bancaria obtenían por cada uno de los ingresos un porcentaje de beneficios, y eran los encargados de recepcionar el dinero procedente de las actividades delictivas, y entregarlo a los dirigentes de la organización.
La operación fue desarrollada de forma conjunta por agentes de la Guardia Civil de las Comandancias de Teruel y Guipúzcoa y coordinado por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Teruel.
