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El Tribunal de Cuentas exime a la Diputación de irregularidades contables

por El Adelantado de Segovia
19 de julio de 2021
en Segovia
10 01 WEB Palacio de las Monas

El Palacio de las Monas, sede tributaria de la Diputación de Segovia./E. A.

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El Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas de Castilla y León rectifica y archiva las diligencias sobre responsabilidad contable atribuidas a la Diputación de Segovia. En concreto, a finales de esta semana, el Servicio de Intervención de la institución provincial ha recibido una copia del auto del órgano judicial en el que se exime a la Diputación de las supuestas irregularidades contables que le fueron atribuidas en el mes de mayo por parte de la Fiscalía del propio Tribunal.

De este modo, en la parte dispositiva de la sentencia, se establece que las diligencias han sido archivadas “al no existir supuesto alguno de responsabilidad contable”. Un hecho que queda constatado a lo largo de la resolución, que a su vez refleja cómo la institución provincial ha colaborado tanto con el Ministerio como con el Tribunal para solucionar lo más pronto posible el litigio.

Así, se establece que “si bien el Ministerio Fiscal interesó en un principio el nombramiento del Delegado Instructor, una vez instruido de las alegaciones y de la documentación aportada por el presidente de la Diputación, que prueba que los gastos por importe de 165.048,31 euros incluidos en el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, se correspondieron con prestaciones efectivamente recibidas por la Diputación (…) consideró acreditada manifiestamente la inexistencia de caso alguno de alcance”.

Por lo tanto, fue el propio Fiscal quien finalmente rectificó la petición y solicitó el archivo de las diligencias a través de un escrito cuya copia también ha sido remitida a la Diputación, tal como ha informado en una nota de prensa.

En consecuencia, la institución provincial ha reafirmado que el proceso “se trataba de una cuestión meramente técnica que no elude ninguno de los principios legales y contables que se exigen a las administraciones locales”.

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