El límite de gasto no financiero de la Junta de Castilla y León, conocido como el ‘techo de gasto’, será el 6,16 por ciento superior al aprobado en 2018, cuando se alumbró el último presupuesto autonómico, y alcanzará los 10.167,59 millones de euros, la mayor cifra desde que se calcula esta magnitud.
La Consejería de Economía y Hacienda prevé un escenario macroeconómico con un crecimiento del Producto Interior Bruto autonómico del 1,6 por ciento para el presente año, mientras que la tasa de desempleo se reduciría al 10,8 por ciento y aumentaría el 0,7 por ciento el empleo, medido en puesto de trabajo equivalentes a tiempo completo, según explicó el consejero, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado luz verde al ‘techo de gasto’.
También marca estas cuentas un objetivo de déficit público equivalente al 0,2 por ciento del PIB autonómico -124,10 millones- y especialmente un incremento previsto de las entregas a cuenta del Estado del 8,90 por ciento en comparación con 2018, al pasar de los 6.480,9 millones de ese año a los 7.058 millones que prevén recibir del Estado en este 2020.
Igualmente, contribuyen al incremento potencial del presupuesto el alza del 11,90 por ciento en las transferencias, al pasar de las 635,3 millones a los 710,95 millones; mientras que para los fondos procedentes de la Unión Europea se prevé un incremento menor, del 0,78 por ciento, al pasar de 1.196,4 millones a los 1.205,7, y del concepto ‘otros ingresos’, del 0,76 por ciento (de 1.036,1 a 1.043,9).
Por último, la Junta de Castilla y León prevé que los ajustes de la Contabilidad Nacional le reporten hasta 24,87 millones de euros, mientras que no figuran como ingresos los 182 millones que va a reclamar al Gobierno por el impago de la mensualidad del IVA de 2017, al entender que no está garantizado su ingreso.
La intención es que, una vez enviado este límite de gasto a las Cortes de Castilla y León para su tramitación, el Gobierno autonómico apruebe la próxima semana la orden de elaboración de las Cuentas para 2020 y que el proyecto de ley pueda estar listo antes de Semana Santa, como estaba previsto.
Carriedo ha explicado que este dato «refleja una reducción del ritmo de aumento» presupuestario en los últimos años, tanto en términos de ingresos como en gastos, y que dejarán a la Comunidad dentro de los parámetros de la ley de estabilidad presupuestaria, con una tasa de referencia del PIB -regla de gasto- del 2,9 por ciento y un objetivo de deuda equivalente inferior al 22,8 por ciento del PINB.
EMPLEO Y DEUDA
Durante su comparecencia, preguntado por la concreción en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del cálculo del empleo de la Junta para 2020, Carriedo asumió que el empleo aumentará en Castilla y León en 2020 la mitad de lo que lo venía haciendo en los últimos años, al fijar en 7.000 los puestos.
El consejero reconoció que la creación de empleo será «mucho menor» respecto a los últimos años de recuperación, cuando se alcanzaron cifras de hasta 20.000 puestos de trabajo.
El cálculo de reducción del desempleo se refleja también en la tasa de paro que prevé alcanzar la Junta de Castilla y León cuando acabe este 2020 será cuatro décimas inferior a la actual, con la que cerró la Comunidad 2019, del 11,20 por ciento, hasta dejarla en el 10,8 por ciento.
Por otra parte, la Junta de Castilla y León informó de que contraerá en 2020 un montante de deuda pública a corto plazo de 882,3 millones de euros como máximo, para cumplir con el límite fijado en los presupuestos vigentes, según explicó Carriedo en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El consejero detalló que esta cantidad equivale al 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los Presupuestos Generales de la Comunidad, que es de 8.823 millones de euros.
El acuerdo incluye igualmente las operaciones de endeudamiento a largo plazo, por importe de casi 1.151 millones de euros, con lo que da por respetado el límite de deuda actual, fijado en los 1.428 millones de euros.
No obstante, la Consejería ha destacado que esta cuantía puede modificarse cuando se cuantifique el endeudamiento asociado a otras variables pendientes de determinar, como la financiación del objetivo de déficit.
