El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCyL), en su reciente Resolución 88/2022, ha desestimado el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la mercantil Securitas Seguridad España, S.A. contra la adjudicación del contrato del servicio de vigilancia y seguridad de la Diputación de Segovia.
En la citada resolución “se desestiman todas y cada una de las pretensiones formuladas por la empresa recurrente, entre las que ponía en tela de juicio el reparto de puntos asignados a las ofertas (tanto mediante criterios de adjudicación objetivos como mediante los criterios de adjudicación subjetivos)”, según informan desde la institución provincial. “También se cuestionaba la falta de desglose del precio y la posible falsedad de la declaración responsable aportada por la adjudicataria”, apunta.
Así, el Tribunal castellano y leonés considera ajustada a derecho la tramitación del expediente administrativo, levantando la suspensión del expediente y haciendo efectiva la adjudicación del contrato a favor de Clece Seguridad S.A.U por un precio anual de 77.134,26 euros. La duración del contrato se establece en tres años, y el contrato podrá ser prorrogado de forma anual por otros dos años más.
Con este pronunciamiento, el TARCyL vuelve a respaldar la actuación administrativa del Servicio de Contratación de la corporación provincial, como ya hizo el año pasado en su resolución 109/2021, por la que se desestimaba el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Senior Servicios Integrales S.A. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia, de 26 de mayo de 2021, de adjudicación del contrato de Servicio de Comida a Domicilio de la provincia de Segovia.
El diputado de Recursos Humanos y Gobierno Interior, Jaime Pérez, asegura que “estas resoluciones avalan la buena labor y el rigor en el trabajo que desde el servicio de Contratación se realiza con todos los expedientes que se tramitan, que son más de 400 al año”. Por tanto, insiste en que “este hecho debe tranquilizar a la opinión pública respecto a las adjudicaciones de obras, servicios y suministros que se llevan a cabo desde esta administración”.
