El Tribunal Supremo ha respondido a la familia Franco que su sentencia es “clara” y que el Ejecutivo no necesita autorización de la Iglesia para entrar en la basílica para la exhumación, si bien el prior se niega a autorizar el acceso y amenaza con acudir a todas las instancias para impedirlo.
La Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal ha contestado en un auto a la aclaración de sentencia, a instancias de los nietos de Franco, sobre si el Gobierno puede sacar los restos del dictador aún sin el consentimiento del prior, quien en las últimas horas se ha convertido en el principal detractor de la exhumación.
De forma contundente, los magistrados dicen que “la sentencia es clara y la aclaración que solicitan los recurrentes no es necesaria”. Esa contundencia del Supremo para zanjar el último intento de la familia para obstaculizar la ejecución de la exhumación, va dirigida también implícitamente a otras dos partes, al magistrado José Yusy y al prior del Valle de los Caídos.
Yusty es el juez de lo Contencioso Administrativo 3 de Madrid que mantiene suspendida cautelarmente la licencia de obras parar levantar la losa de la tumba pese a que el Supremo ha hecho hincapié en que no se necesita licencia alguna. El Supremo recuerda que la exhumación es una decisión del Consejo de Ministros.
Y Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos, que insiste en que no permitirá el acceso a la Basílica para la exhumación.
El Supremo es tajante con ambos: “Como sin duda conoce la parte recurrente (la familia), a ningún otro órgano judicial distinto de esta Sala corresponde conocer de las actuaciones del Consejo de Ministros ni de la ejecución de esta sentencia”.
Mientras, el juez Yusty guarda silencio y no termina de cerrar su procedimiento, una actitud que fuentes jurídicas apuntan a una posible prevaricación, y el prior ha decidido plantar batalla al remitir una carta al Gobierno en la que manifiesta su oposición a autorizar la entrada a la basílica.
El religioso ha advertido al Ejecutivo de que la “Abadía no autoriza el acceso a la basílica con la finalidad de acceder a una ‘res sacra’ (“lugar sagrado”) y argumenta que la sentencia que avala la exhumación “no resuelve” las alegaciones de los benedictinos, que recurrieron ante la misma sala al margen de la familia.
Alerta de que sería una “vulneración de la libertad religiosa” pretender “actuar en un lugar sagrado” sin la “preceptiva autorización eclesiástica” y promete defender esta postura en “todas las instancias nacionales e internacionales a las que tenga acceso con arreglo al ordenamiento jurídico”,por lo que rechaza que su actuación pueda tildarse de “desacato”.
Sin embargo, el prior ignora que el Supremo ya señaló en la sentencia que su negativa a autorizar la entrada decae tras la resolución, dado que su oposición “no fue absoluta sino condicionada a lo que resolviera” la Sala. “Por eso, la sentencia (…) tiene por decaída esa denegación”, indica el Supremo.
Actitud de obstrucción
La llamada de atención del Supremo al prior se suma a las declaraciones del Gobierno, que ayer recordó que el Vaticano ya ha manifestado en varias ocasiones que no se opondrá a la exhumación.
Desde Moncloa calificaron de sorprendentes las manifestaciones del prior cuando existe una sentencia que avala la exhumación, y critica su actitud “obstruccionista” que el Gobierno denunció hace meses cuando Cantera ya anunció públicamente que impediría el acceso a la basílica hasta que no quedara agotada toda la vía judicial, algo en lo que el prior volvió a insistir ayer.
Asimismo, la congregación benedictina de Solesmes (Francia) subrayó en que al igual que ya ha dicho la Santa Sede, “no irá contra la ley”, aunque pide al Gobierno español que espere a que se resuelvan todos los recursos antes de hacerlo.
Solventados, desde el punto de vista del Supremo, todos los obstáculos, tan solo falta un último escollo legal que la Sala liquidará hoy cuando levante la suspensión cautelar que el propio tribunal dictó en junio contra el acuerdo del Gobierno y que aún pesa sobre el resto de recursos todavía no resueltos.
Estos son los de la comunidad del Valle, la Fundación Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Una vez que se levanten las medidas cautelares, el Gobierno tendrá luz verde para ejecutar la sentencia.
