El Supremo ha despejado el último obstáculo legal que faltaba para exhumar los restos de Franco al levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre tres recursos que todavía siguen vivos en el tribunal, de manera que autoriza al Gobierno a entrar en la basílica para ejecutar la exhumación.
A la espera de que el Constitucional resuelva la próxima semana sobre la medida cautelarísima solicitada por la familia Franco para paralizar la exhumación, el Supremo ha solventado en un mismo día los últimos escollos jurídicos para así dar luz verde al Ejecutivo de Pedro Sánchez para entrar a la basílica de Cuelgamuros y sacar los restos del dictador para llevarlos al cementerio de El Pardo.
La Sección Cuarta de lo Contencioso ha levantado la medida cautelar que el propio tribunal estableció en junio contra el acuerdo del Gobierno para sacar al dictador de la basílica de Cuelgamuros, que afectaba a los procedimientos todavía no resueltos de la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.
Dicen los magistrados en tres autos, uno por cada recurso, que la suspensión cautelar debe levantarse tras la sentencia del pasado 30 de septiembre que rechazó el recurso de los Franco.
Pero, además, ha respondido a la petición de la Abogacía del Estado sobre la autorización para entrar en Cuelgamuros, ante la negativa del prior de la Abadía, Santiago Cantera.
El Supremo explica que la sentencia dictada la semana pasada “es por sí misma título legítimo bastante para llevar a cabo las actuaciones previstas por los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo, y por tanto acceder a la Basílica del Valle de los Caídos”.
Y recuerda que “el artículo 118 de la Constitución obliga a todos los españoles a cumplir la sentencias firmes” en alusión al prior de la Abadía, que queda desautorizado por los magistrados y que en los últimos días se había convertido en protagonista al no querer dar permiso al Ejecutivo para entrar en la basílica.
El tercer capítulo tiene que ver con el procedimiento que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Madrid, que tiene paralizada la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para actuar en el Valle de los Caídos.
Aquí los magistrados también son tajantes al asegurar que “es la Sala III del Supremo el único órgano jurisdiccional competente para enjuiciar la legalidad de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros, así como las incidencias acaecidas en su ejecución”, en un mensaje implícito al juez Jose Yusty quien todavía no ha archivado esta causa. Aunque poco importa ya, según el criterio del Supremo, que le recuerda que no tiene competencia en esta materia.
Decisiones
Los magistrados han reaccionado así al rechazar la personación del particular como parte interesada en el recurso de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.
El Gobierno en funciones esperaba este escenario para tener vía libre para exhumar a Franco pues, como aseguró la vicepresidenta Carmen Calvo, “ya no tenemos que pedir ningún permiso a nadie”, si bien no confirmó si será hoy o el próximo viernes cuando el Consejo de Ministros apruebe la exhumación.
Lo que ocurre es que la decisión del Supremo parece no ser la última de este capítulo, dado que la familia Franco presentó ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo en el que pide como medida cautelarísima que paralice la exhumación.
Este paso supone que el tribunal de garantías deberá pronunciarse de forma inmediata, previsiblemente la próxima semana, sobre si acepta o no la cautelarísima, lo que implica que mientras se resuelve esta cuestión urgente, el Gobierno no podría exhumar aun los restos de Francisco Franco, explican fuentes jurídicas.
No obstante, añaden las fuentes, la cautelarísima es una medida muy excepcional que se aplica en supuestos muy extremos, de manera que es poco probable que el Constitucional la acuerde.
Así, la intención del tribunal de garantías es resolver sobre esta petición urgente de los Franco la próxima semana y si no se adopta esta medida, el Ejecutivo podrá ya ejecutar la sentencia del Supremo y exhumar a Franco independientemente de si el Constitucional admite o no después el recurso de amparo.
